El presidente interino de Corea del Sur rechaza cooperar con un registro en la Presidencia en el caso contra Park

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente interino de Corea del Sur, Hwang Kyo Ahn, ha rechazado este lunes la petición de la Fiscalía especial para que coopere con su plan para realizar un registro en la oficina presidencial para intentar recabar pruebas sobre el escándalo de corrupción que afecta a la apartada presidenta Park Geun Hye.

"Nuestra posición de que la decisión sobre el registro debe ser adoptada por la oficina presidencial y no por el presidente interino sigue sin cambios", ha indicado un asesor de Hwang.

"El pronunciamiento legal sobre si el registro es posible debe ser llevado a cabo por los jefes de las instalaciones afectadas", ha recalcado, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El viernes, un grupo de investigadores intentó entrar en la Presidencia, si bien fueron expulsados del lugar por los agentes de seguridad presentes en el edificio.

Citando razones de seguridad, los investigadores no lograron registrar el Cheong Wa Dae --la Presidencia--, donde pretendían recopilar más datos de cara al interrogatorio al que se someterá la presidenta, apartada desde diciembre del cargo, previsiblemente durante el mes de febrero.

Tras más de cinco horas sin poder entrar, los investigadores abandonaron sus intentos por realizar los registros. La Presidencia presentó una queja por la actitud de los fiscales.

Park está acusada de abuso de poder para beneficiar a su confidente y amiga Choi Soon Sil, que está actualmente en prisión, por medio de presiones a líderes empresariales para que hicieran donaciones a las organizaciones no gubernamentales que gestionaba su amiga.

El Parlamento surcoreano aprobó el 9 de diciembre un 'impeachment' contra la presidenta, si bien ésta lo ha rechazado y ha apelado la decisión ante el Tribunal Supremo.

La legislatura ha presentado un total de 13 cargos contra Park: cinco violaciones a la Constitución y ocho delitos legales. Ahora el Tribunal Constitucional tiene un total de 180 días para decidir si ratifica la destitución de l apresidenta.