El presidente de Kenia paraliza el aumento salarial de la clase política en medio de las protestas

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kenia, William Ruto, ha pedido al Tesoro que revise el aumento salarial que estaba previsto para altos funcionarios del Estado y la clase política --y que ya han entrado en vigor este mes-- después de que tuviera que retirar su polémica reforma económica debido a las intensas protestas que suscitó.

"A la luz de la retirada del Proyecto de Ley de Finanzas de 2024 y las restricciones fiscales previstas para este ejercicio financiero, este es un momento, más que nunca, para que el Ejecutivo y todos los poderes del Gobierno vivan dentro de sus posibilidades", ha sido la declaración de Ruto.

Los aumentos salariales, que han entrado en vigor el 1 de julio según el Boletín Oficial, iban dirigidos a los altos funcionarios estatales del Gobierno, como los directores de la Policía y de los servicios de Inteligencia, así como para los miembros del Senado y la Asamblea Nacional, detalla el diario keniano 'The Star'.

La medida no preveía un aumento de los salarios del presidente --que percibe cada mes 1,4 millones de chelines (unos 10.000 euros)-- ni del vicepresidente, pero sí de los ministros del gabinete, quienes pasarían a cobrar de 957.000 chelines (6.900 euros) a 990.000 chelines (7.100 euros) mensuales.

En medio de esta controvertida subida salarial de la clase política del país se vienen produciendo desde hace semanas fuertes protestas contra el Gobierno del presidente Ruto y su inoperancia para hacer frente, denuncian los manifestantes, a la corrupción y el despilfarro del gasto público, así como por la subida impuestos que tenía prevista en su ya fallida reforma económica.

Al menos 39 personas han muerto desde que se iniciaron las manifestaciones hace dos semanas, la mayoría de ellas durante los enfrentamientos que se produjeron cuando las protestas se dirigieron hacia la sede del Parlamento en Nairobi, cuando sus diputados votaban a favor de esta polémica ley.

El objetivo de Ruto con esta ley era recaudar unos 2.000 millones de euros a fin de ir deshaciéndose paulatinamente de la dependencia externa, sin embargo, tuvo que recular debido al punto al que llegaron las protestas, a tiempo que prometía una mayor austeridad a todos los niveles del Gobierno.