Actualizado: lunes, 23 noviembre 2015 17:39


NAIROBI, 23 Nov. (Reuters/EP) -

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha prometido introducir medidas anticorrupción, listas negras, así como retirar las licencias de aquellos bancos que violen las leyes sobre blanqueo de dinero, como respuesta a las demandas de la ciudadanía para acabar con la corrupción del país.

El presidente ha advertido de que los robos cometidos por altos cargos del Gobierno están perjudicando el desarrollo de la economía keniana y ha prometido mejorar la investigación de la corrupción y aumentar los procesamientos. "Coordinaré los esfuerzos a nivel nacional (...) para contrarrestar las perversas iniciativas que conducen a la corrupción, cerarré los resquicios que los dirigentes deshonestos utilizan para robar y endurecer nuestra legislación laboral", ha señalado Kenyatta en televisión.

El presidente ha iniciado su discurso después de la intervención de Bob Collymore, director general de Safaricom, la mayor compañía de telecomunicaciones de Kenia, y ha anunciado medidas anticorrupción que controlarán la actividad del sector privado. En este sentido, Kenyatta ha explicado que todas las empresas tendrán que suscribir un código ético, que en caso de ser violado introducirá a las personas o compañías afectadas en una lista negra por al menos cinco años. "El Gobierno no trabajará con aquellas empresas que cuenten con algún miembro del personal señalado en esta lista", ha especificado.

Kenyatta ha añadido que los bancos perderían sus licencias en caso de infringir las leyes sobre blanqueo de capitales y ha anunciado que no habrá subidas de impuestos en el próximo año fiscal. "Comparto vuestra opinión, compañeros kenianos, de que desde el Gobierno deberíamos cuidar mejor de vuestro dinero antes de cobraros impuestos, por ello no vamos aumentarlos el próximo año", ha confirmado.

En los últimos meses, los ciudadanos kenianos han mostrado su indignación por los fallidos intentos de procesamiento de varios altos dirigentes acusados de corrupción. Esta indignación ha aumentado la presión sobre el presidente, quien ahora defiende que la lucha contra este fraude es una prioridad para su Gobierno.

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