MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Nepal, Ram Baran Yadav, ha promulgado este domingo la primera Constitución democrática del país, un gran e histórico paso para un país que ha visto guerra, masacre y desastres por terremotos desde que inició su campaña para crear un estado moderno hace 65 años.
Baran Yadav ha felicitado a la población del país por la nueva Carta Magna, destacando que "el sueño de cuatro décadas de los nepalíes de redactar una nueva Constitución a través de un proceso democrático ha sido realizado".
Asimismo, ha expresado su deseo de que la nueva Constitución garantice "una paz sostenible y la estabilidad política para poner al país en el camino de la prosperidad social y económica", según ha informado el diario nepalí 'The Kathmandu Post'.
Por último, Baran Yadav ha subrayado que el nuevo texto "pondrá fin a todos los tipos de discriminación", recalcando la necesidad de que "exista unidad entre la diversidad".
La promulgación de la Constitución se ha encontrado con la oposición de algunos grupos, lo que se ha traducido en unas protestas que se han saldado con la muerte de al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos en las últimas semanas.
Nepal, uno de los países más pobres de Asia y con 28 millones de habitantes, fue devastado por dos enormes terremotos en abril y mayo. Varios analistas apuntan que puede que los partidos hayan mostrado una mayor urgencia para superar el estancamiento constitucional después de las críticas a su gestión del desastre.
La nueva Constitución sella la creación de siete estados en un sistema secular y federal, pero se opone así a lo que algunos grupos querían, que era restablecer Nepal como un país hindú, mientras otros la consideran desfavorable para la gente que vive en las llanuras, cerca de India.
La nueva Constitución fue una de las condiciones del tratado de paz de 2006 con los rebeldes maoístas, que puso fin a una guerra civil de diez años que se cobró la vida de más de 17.000 personas. El régimen monárquico, de 239 años de antigüedad, fue abolido dos años después del fin del conflicto.