MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Supremo de Kenia, David Maraga, ha denunciado este martes los "ataques" contra el organismo, afirmando que las últimas manifestaciones frente a su sede "bordean la violencia", acusando al jefe de la Policía de "ignorar en repetidas ocasiones los llamamientos para que actúe".
"Si bien reconocemos y respetamos el derecho de los ciudadanos a organizar piquetes como contempla la Constitución, estas manifestaciones han bordeado la violencia y están claramente destinadas a intimidad a la Justicia y a los jueces", ha dicho en su comunicado.
Maraga ha citado el caso de la jueza Martha Karua, a quien se le bloqueó el acceso a la sede del Supremo durante la jornada del lunes, recalcando que "esto equivale a intimidación".
"Otros jueces, particularmente del Tribunal Supremo (...) han sido atacados, amenazados y denigrados a través de las redes sociales", ha lamentado, afirmando que "altos cargos políticos han amenazado a la judicatura prometiendo 'recortar su tamaño' y 'enseñar una lección'".
Así, ha dicho que "estos actos son denigrantes, irrespetuosos y degradantes y tienen como objetivo intimidar y amenazar a la institución y a los jueces", añadiendo que "estos actos no son sólo ilegales, sino también de una naturaleza salvaje".
"El Supremo destaca con pesar que el inspector general de la Policía, del que se espera que garantice la seguridad de todas las instalaciones gubernamentales, ha ignorado en reiteradas ocasiones los llamamientos para que actúe", ha criticado.
Maraga ha recalcado que "el sistema judicial es un brazo del Gobierno equivalente al Ejecutivo y el Legislativo". "Si los líderes están cansados de tener un sistema judicial fuerte e independiente, que convoquen un referéndum para abolirlo", ha dicho.
"Mientras tanto, el sistema judicial seguirá llevando a cabo su mandato según la Constitución", ha señalado, destacando que sus miembros "están dispuestos a pagar el más alto precio para proteger la Constitución y el Estado de derecho".
El Tribunal Supremo de Kenia ordenó el 1 de septiembre la anulación de la victoria del presidente, Uhuru Kenyatta, afirmando que los resultados son "inválidos y nulos" a causa de las "irregularidades" registradas en las elecciones celebradas en agosto.
"Las elecciones no son un evento, sino un proceso. Tras considerar la totalidad de las pruebas, creemos que las elecciones no se llevaron a cabo de acuerdo con los dictados de la Constitución y los principios aplicables", dijo entonces Maraga.
Tras el fallo, Kenyatta afirmó que no estaba de acuerdo con la anulación de su victoria, si bien recalcó que "respeta" la decisión.
La NASA rechazó los resultados oficiales, que concedieron la victoria a Kenyatta con 1,4 millones de votos, esgrimiendo que el sistema informático de la Comisión Electoral sufrió un ciberataque que permitió manipular los datos.
La Comisión Electoral admitió que sufrió un ataque informático y, tras una investigación interna, concluyó que no tuvo ninguna consecuencia en el escrutinio de los votos emitidos.
Sin embargo, Odinga aseguró que en más de un tercio de los centros de votación se produjeron fallos por irregularidades en el proceso electrónico de transmisión de votos y acudió al Tribunal Supremo para que se pronunciara sobre lo sucedido.
La denuncia de fraude electoral por parte de la oposición desató violentas protestas en Nairobi y otras ciudades que dejaron decenas de muertos e hicieron temer una crisis postelectoral similar a la de 2007, que se saldó con más de mil muertos y 600.000 desplazados.
Odinga ya denunció fraude electoral en 2007 --cuando perdió frente a Mwai Kibaki-- y 2013. La última vez también acudió a los tribunales, que terminaron dando la razón a Kenyatta.