El juez del Supremo De Moraes propone a Lula legislar para frenar el contenido de odio en las redes sociales

Lula afirma que no convertirán las escuelas en "prisiones de máxima seguridad" tras los últimos ataques

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha apelado este martes al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para poner en marcha medidas para combatir los discursos de odio y de violencia en redes sociales. "Lo que no se puede en el mundo real, no se puede en el mundo virtual", ha zanjado.

"Necesitamos de una vez por todas determinar que lo que no se puede hacer en el mundo real, no se puede hacer tampoco en el mundo virtual. Para mí bastaría, presidente Lula, con un artículo en la ley, para ser regulado por el Congreso. Lo que no se puede en el mundo real no se puede en el virtual, es simple", ha insistido.

La petición del también presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) ha tenido lugar durante una reunión con diferentes representantes del Estado para abordar los últimos ataques en las escuelas del país, informa 'O Globo'.

"Las redes sociales están en tierra de nadie, es tierra sin ley, Necesitamos regular eso (...) Si no hay unas reglas con determinados modelos a seguir, vamos a seguir viendo esa instrumentalización de las redes sociales para animar los ataques en las escuelas, pero más que eso, aumento del número de suicidios y de casos de depresión por ataques en las redes", ha dicho.

De Moraes ha puesto como ejemplo a algunas empresas de redes sociales, que se sirven de moderadores e inteligencia artificial para retirar aquellos contenidos que consideran nocivos, y ha propuesto que estas mismas herramientas se utilicen para combatir los discursos racistas, homófobos, fascistas y contra la democracia.

En esa línea también se ha expresado otros de los participantes en esa reunión, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien ha citado la investigación sobre el caso de las Fake News que lleva a cabo el propio De Moraes, en relación a los ataques a la democracia y el sistema electoral brasileño en redes sociales.

Durante su intervención, Lula ha lamentado que la seguridad en las escuelas se haya visto golpeada seriamente por los grupos criminales, que desde redes sociales jalean este tipo de acciones, y su Gobierno ya ha prometido una inversión de 3.000 millones de reales (más de 550 millones de euros) para reforzarla.

No obstante, ha recalcado que no transformarán las escuelas brasileñas en "prisiones de máxima seguridad", pues no solo "no es una solución", sino porque además "no hay dinero para eso, ni es política y socialmente correcto".

"Si intentamos hacer eso, estamos demostrando que no servimos para mucho porque no sabemos resolver el problema real", ha valorado el presidente brasileño, quien ha pedido la colaboración de los padres en todo este asunto.

"Es preciso tener en cuenta que sin la participación de los padres no se recupera un proceso educativo correcto. No vamos a resolver ese problema con dinero, elevando los muros de las escuelas, colocando detectores de metales", ha dicho Lula, quien considera que sería "triste" para todos llegar al punto de que los niños tuvieran que ser cacheados a la puerta de los centros.

Lula ha asegurado que la violencia dentro de las aulas es un "fenómeno nuevo", pues siempre se ha supuesto que es un espacio "seguro" para dejar a los hijos. "Eso se derrumbó", ha dicho, en parte por las redes sociales, "un instrumento avasallador" en las manos inapropiadas.

RETIRADA EN REDES SOCIALES DE PERFILES QUE ALIENTAN ATAQUES EN LAS ESCUELAS

Por su parte, el ministro de Justicia, Flávio Dino, ha informado este martes de que al menos 756 perfiles de redes sociales han sido retirados en los últimos diez días por alentar los ataques en las escuelas, como el ocurrido hace unas semanas en una guardería en el municipio de Blumenau, en el que murieron cuatro niños.

Dino ha precisado que han pedido a las plataformas de redes sociales para que preserven el contenido de al menos un centenar de estos perfiles y poder sostener así las investigaciones que ya está en curso, que han dejado por ahora más de 200 detenidos y cerca de 700 citaciones para testificar.