La Procuraduría de Brasil abre seis investigaciones previas por supuestos delitos de Bolsonaro en la pandemia

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría General de Brasil, con base al informe final de la comisión del Congreso que analizó la gestión que hizo el Gobierno de la pandemia, ha abierto seis nuevas investigaciones preliminares que comprometen al presidente, Jair Bolsonaro, frente al Tribunal Supremo.

En total son diez las investigaciones abiertas por la Procuraduría que han sido presentadas al Supremo y que además de al presidente brasileño también implicarían a algunos de sus ministros y a varios diputados aliados del Gobierno, informa el diario brasileño 'O Globo'.

Las propuestas de acusación están basadas en las pruebas presentadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que se encargó en los seis meses que estuvo activa de analizar la gestión que llevó a cabo de la pandemia el Gobierno de Bolsonaro, quien en caso podría ser señalado por delitos contra la salud, incitación al delito, o uso irregular de fondos públicos, entre otros.

A su vez, existe una denuncia por malversación en la compra de la vacuna Covaxin que ya está siendo investigada por la Policía Federal en base a un informe de la jueza del Tribunal Supremo, Rosa Weber.

Entre los socios del presidente brasileño señalados están los ministros de Defensa, Walter Braga Netto; el de Salud, Marcelo Queiroga, por supuestos delitos sanitarios; y el de Transparencia, Wagner Rosário, por malversació en la compra de vacunas; o sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro y el diputado Eduardo Bolsonaro, por difusión de noticias falsas relacionadas con el coronavirus.

Las pesquisas por difundir desinformación a través de redes sociales y medios de comunicación también salpican a otros diputados afines a Bolsonaro, como Bia Kicis, Carla Zambelli, o Carlos Jordy; mientras que el jefe de Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros (PP-PR), es objeto de dos investigaciones, una por supuestos delitos administrativos y otra de asociación para delinquir en un caso de compra de vacunas contra el coronavirus a través del Ministerio de Salud.