BOGOTÁ, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El procurador general, Alejandro Ordóñez, ha enviado una carta al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con 60 preguntas sobre el último acuerdo alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que versa sobre la tregua y el desarme.
"Respetuosamente le solicito, en el marco de función preventiva, responda las siguientes preguntas y realice las precisiones que correspondan sobre tales 'acuerdos', con el fin de tener absoluta claridad sobre su alcance", dice Ordóñez a Santos.
El jefe del Ministerio Público recuerda al presidente que, de cara al plebiscito en el que los colombianos aprobarán o rechazarán los acuerdos de paz, deben tener "todos los elementos de juicio necesarios para una decisión consciente e informada".
"Comprenderá que los siguientes interrogantes además contribuyen a que los colombianos tengan el mayor grado posible de información veraz y precisa, con el fin de que tomen libremente su decisión" en dicho plebiscito, ha remachado.
En un primer bloque de 30 preguntas, Ordóñez reclama a Santos que explique "el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas", suscrito el pasado 23 de junio en La Habana.
"¿Para el Gobierno, el acuerdo presentado el 23 de junio garantiza la desmovilización total de las FARC?", pregunta, planteando la posibilidad de que los guerrilleros díscolos "puedan incorporarse a otros aparatos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las bandas criminales (Bacrim)".
Ordóñez también se ha mostrado interesado en saber cómo se llevará a cabo el proceso de entrega, inventariado y destrucción de las armas almacenadas por las FARC, así como si podrán ser usadas "para esclarecer homicidios y masacres".
Ha centrado igualmente su atención en el funcionamiento de las zonas veredales, donde se concentrarán los guerrilleros una vez entreguen las armas y hasta la completa implementación de los acuerdos de paz. "¿En qué consisten los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC a la vida civil", ha cuestionado.
El procurador general plantea además otras 30 preguntas relativas al "acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales" para dilucidar qué grupos armados entran en esta categoría, incluido el ELN, y si las FARC van a colaborar en este ámbito.
"¿Las FARC, además de comprometerse a apoyar el combate a las Bacrim, se comprometen a apoyar activamente el combate contra el ELN, teniendo en cuenta que se trata de un grupo al margen de la ley que constituye una amenaza innegable a la implementación de los acuerdos" de paz?", señala.
"¿Las FARC se comprometen a apoyar activamente el combate del Estado a las estructuras disidentes de su organización? ¿Van a apoyar con información a la Fuerza Pública para desmantelar esos aparatos disidentes?", añade.
DIÁLOGO DE PAZ
Ordóñez es uno de los principales críticos con el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. Ya ha publicado numerosos documentos en los que cuestiona los acuerdos alcanzados y el proceder de la Casa de Nariño en sus negociaciones con la guerrilla.
Las partes se encuentran en la recta final del proceso de paz tras casi cuatro años de diálogo en La Habana los que han conseguido llegar a acuerdos sobre desarrollo agrario y rural, participación política, drogas y víctimas.
Aún quedan por cerrar los acuerdos relativos al fin del conflicto --aunque han alcanzado un pacto sobre el cese de las hostilidades y el desarme-- y a la ratificación, implementación y verificación de lo pactado.