¿Quién puede consumir marihuana y a qué precio en Uruguay?

Foto: ANTHONY BOLANTE / REUTERS

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   Uruguay se convierte, con la promulgación de su ley sobre producción y venta de marihuana, en el primer país en adoptar una normativa de este calibre en un continente especialmente lastrado por el narcotráfico. Mujica firmará la ley a lo largo de la tarde del martes (hora española) y con esta medida pionera, el Gobierno del presidente aspira a reducir la violencia.

   Las autoridades uruguayas calculan que en el país se consumen entre 18 y 22 toneladas de marihuana al año y el propio Mujica ha advertido de que el objetivo no es aumentar estas cifras. "No es para fomentar que la gente fume más, sino para decirle: acá tienes una ración, pero no seas gil, cuanto antes sácate esta porquería", ha declarado.

   El Parlamento uruguayo aprobó en diciembre de 2013 la ley sobre cultivo, distribución y consumo de marihuana y el Ejecutivo reveló el 2 de mayo cuál es la letra pequeña de esta normativa, con una serie de claves que marcarán quiénes, cuánto y de qué forma pueden producir y vender la planta:

   - ¿Quiénes pueden adquirir cannabis en Uruguay?

   Personas mayores de edad con ciudadanía uruguaya o residencia permanente. Por tanto, no está permitida la venta a turistas.

   - ¿Cómo se accede a la marihuana?

   Quienes quieran consumir pueden cultivar en su propio domicilio, comprar en farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud Pública o ser miembros de un 'club cannábico'. Estas elecciones son excluyentes, de tal forma que quienes planten para consumo personal o formen parte de un club no pueden acudir a una farmacia.

   Las farmacias no están obligadas a vender marihuana y, las que lo hagan, obtendrán un 30 por ciento del beneficio por la venta del producto. El producto no debe estar expuesto al público.

   No está permitida la venta del cannabis fuera de los locales indicados ni la compra a través de Internet.

   - ¿Cuánto cuesta y qué cantidad se puede adquirir?

   Cada persona registrada puede comprar en las farmacias hasta 40 gramos al mes, en envases de un máximo de diez gramos. Cada gramo costará entre 20 y 22 pesos uruguayos (algo más de 60 céntimos de euro).

   - ¿Cuántas plantas se pueden cultivar?

   La producción por domicilio está limitada a seis plantas y un máximo de 480 gramos anuales, mientras que para los clubes de entre 15 y 45 miembros se ha establecido un máximo de 99 plantas y 480 gramos por socio.

   - ¿Existen especificaciones sobre el tipo de marihuana?

   La marihuana no podrá tener un contenido superior al 15 por ciento en tetrahidrocarbocannabinol (THC).

   - ¿Dónde se podrá consumir?

   La ley impide el consumo de marihuana en espacios cerrados, transporte público, instalaciones educativas y centros sanitarios. El Gobierno también promoverá controles para conductores --medirán la cantidad de THC en el organismo-- y en las empresas --especialmente en trabajos de alto riesgo--.

   - ¿Cómo será la producción estatal?

   El Gobierno permitirá el cultivo de hasta diez hectáreas de marihuana en todo el país. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) sacará a concurso las plantaciones y concederá un máximo de seis contratos, siendo de 1,5 hectáreas el máximo por cada firma adjudicataria.

   Las empresas solicitantes deberán identificar una serie de requisitos como lugar de plantación, origen de las semillas o condiciones de envasado. Además, deberán asumir una serie de costes de seguridad acarreados del despliegue de policías y militares que vigilarán en todo momento los cultivos.

   - ¿Cómo podrán registrarse los uruguayos?

   En primer lugar, deben acudir a una oficina del servicio de Correos con su documento de identidad y una prueba de su lugar de residencia y dejarán grabadas las huellas de sus dos índices. El IRCCA creará un algoritmo de identificación confidencial y repartirá a cada usuario un número concreto.

   - ¿Cuáles son las multas?

   La nueva ley contempla castigos de entre 36.300 y 1,4 millones de pesos (entre 1.137 y 438.000 millones de euros), así como la incautación del material o la suspensión de los registros.

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