MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha recalcado este jueves la necesidad de que se tomen medidas contra los responsables de los casos de corrupción a nivel gubernamental y en las empresas estatales.
"Tenemos que hacer frente a la corrupción y a la captura del Estado", ha dicho, aplaudiendo la decisión del presidente, Jacob Zuma, de ordenar la creación de una comisión de investigación sobre la presunta corrupción y tráfico de influencias en su Gobierno, denunciada en 2016 por la entonces Defensora del Pueblo Thuli Madonsela.
"Esperamos los resultados de la investigación (...) y queremos que se tomen medidas contra los que han hecho cosas malas", ha manifestado, apuntando que "la Fiscalía está empezando a moverse".
Así, ha manifestado que "es importante congelar activos, pero hay que ver mucho más". "Son cosas que se tendrían que haber hecho hace tiempo. Vamos a hacer frente a la corrupción, y somos muy serios al respecto", ha reiterado.
Ramaphosa ha destacado además que Sudáfrica "necesita certidumbre política", abogando por trabajar junto al sector privado, los sindicatos y las organizaciones sociales a tal fin.
"Queremos una recuperación económica. La tarea más importante es hacer frente a los desafíos del paro, la desigualdad y la pobreza (...) y podremos hacerlo logrando que nuestra economía se recupere", ha valorado.
En este sentido, ha argumentado que "el Gobierno no puede hacerlo solo, y tampoco puede el sector privado". "Por eso hay que trabajar juntos", ha manifestado.
"Queremos que Sudáfrica sea un país atractivo para la inversión y hacer frente a esos problemas que están en el camino de la llegada de las inversiones", ha destacado.
El vicepresidente sudafricano, elegido en diciembre como líder del histórico partido Congreso Nacional Africano (ANC), dominador desde hace décadas de la política del país, ha reconocido que "hay por delante una tarea descomunal para salir de este agujero".
LA 'CAPTURA DEL ESTADO'
El anuncio de Zuma sobre la creación de la comisión de investigación en línea con el fallo judicial de diciembre ordenando la creación de la comisión en un plazo de 30 días, a recomendación de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, llegó después de que él mismo recurriera el derecho del Defensor del Pueblo --la agencia anticorrupción del país-- a pedir una investigación judicial y también la decisión del Tribunal Supremo de nombrar a un juez para liderar dicha comisión.
El informe de Madonsela acusó al presidente de mantener unas relaciones poco adecuadas con la familia Gupta. Los críticos han denunciado en numerosas ocasiones el peso de los Gupta --una acaudalada familia de empresarios de origen indio con intereses en la minería y los medios de comunicación-- en el Gobierno.
El documento, de 355 páginas y titulado 'La Captura del Estado', desvela numerosas situaciones en las que Zuma y miembros de su Ejecutivo actuaron de forma cuestionable, con frecuencia para beneficiar a los Gupta.
Entre los implicados estarían la ministra de Empresas Públicas, Lynne Brown; el ministro de Minas y Recursos, Mosebenzi Zwane; el exministro de Finanzas Des van Rooyen y el jefe de la junta de Eskom, Ben Ngubane
No es la primera vez que Zuma ha sido acusado de estar involucrado en casos de corrupción, si bien no ha sido condenado y siempre ha rechazado haber cometido algún delito.