Ratifican la prisión preventiva para los acusados por la muerte de Berta Cáceres

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán ha rechazado este lunes el recurso presentado por la defensa de los acusados por el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, ratificando así la prisión preventiva en la que se encuentran.

El portavoz de la corte, Melvin Duarte, ha señalado que con esta decisión quedan confirmados "los autos de formar procesamiento y la medida de prisión preventiva" contra los cinco acusados --Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henry Javier Hernández, Edilson Atilio Duarte y Sergio Ramón Hernández--.

"La Corte de Apelación Penal administrando justicia en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos ha resuelto declarando no a lugar los recursos de apelación que fueron interpuestos por los defensores privados", ha explicado Duarte, según declaraciones recogidas por el diario hondureño 'La Prensa'.

Cáceres era una indígena lenca que realizó diversas labores de activismo contra la explotación del territorio de Honduras y de los indígenas por parte de multinacionales energéticas y que además recibió el Premio Goldman, conocido como el 'Nobel Verde', en 2015.

El pasado 3 de marzo fue asesinada en su propia casa por sicarios. Una fuente de la Fiscalía señaló que uno de los acusados por su muerte habría trabajado con Desarrollos Energéticos (DESA), la empresa que impulsa el proyecto Agua Zarca que Cáceres logró paralizar.

El pasado mes de julio fue hallado el cuerpo de otra activista y ambientalista hondureña, Lesbia Urquía, que pertenecía a la dirección del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asociación que lucha por la conservación del medio ambiente y los pueblos indígenas y a la que pertenecía la también asesinada Cáceres.

Desde 2009, Honduras ha estado dirigida por un Gobierno de ideología conservadora que ha concedido numerosas licencias de explotación de recursos naturales a distintas empresas, algo que ha provocado protestas, especialmente entre la población indígena, ya que estos contratos a veces permiten la explotación de zonas frágiles para el medio ambiente así como de reservas naturales.

Más de un centenar de activistas ecologistas fueron asesinados en Honduras entre 2010 y 2015, convirtiendo al país en el más peligroso del mundo para el activismo ecológico.