MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha rechazado este jueves el informe de Naciones Unidas que acusó a las fuerzas de seguridad de la muerte de 40 personas durante las manifestaciones de diciembre contra el presidente, Joseph Kabila, al que reclamaban que abandonara el cargo dado que su mandato había llegado a su fin.
El portavoz del Ejecutivo congoleño, Lambert Mende, ha afirmado que la cifra de víctimas mortales "no es creíble", recordando que "no coincide con la dada por la Policía", según ha informado la emisora local Radio Okapi.
Así, ha pedido a la ONU que "comunique a la Justicia militar los elementos que les permiten expandir estas investigaciones", criticando además "que prefiera acobardarse ante una metodología fundamentada esencialmente en historias y rumores motivados políticamente por ONG".
En este sentido, Mende ha manifestado que las informaciones recogidas en el citado informe "son noticias falsas, destinadas a dar un golpe a las autoridades de RDC".
De acuerdo con el resultado de la investigación llevada a cabo por la Oficina Conjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO), las protestas se saldaron con 40 víctimas mortales: 28 a manos del Ejército, seis a manos de la Policía, y seis en operaciones conjuntas.
Además, según el documento, otras 147 personas resultaron heridas por la actuación de las fuerzas de seguridad, incluidas 14 mujeres y 18 niños, mientras que 917 personas fueron detenidas, entre ellas 30 mujeres y 95 menores, durante este mismo periodo.
Según el informe, la mayoría de las víctimas eran civiles desarmados que resultaron alcanzados por disparos en la parte superior del cuerpo "lo que sugiere un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por los efectivos de seguridad durante las operaciones para contener las manifestaciones".
Asimismo, apunta a que algunos manifestantes también cometieron actos de violencia, incluido al menos el asesinato de un agente el 20 de diciembre en la capital, Kinshasa.
El representante especial del secretario general de la ONU en RDC, Maman Sambo Sidikou, ha subrayado que "tales incidentes tan graves son inquietantes, en particular en el contexto actual", en referencia al acuerdo alcanzado entre Gobierno y oposición para prolongar el mandato de Kabila hasta la celebración de elecciones antes de final de 2017 y la creación de un gabinete de unidad liderado por un primer ministro opositor.
En este sentido, ha recordado al Gobierno de Kabila que es "el primer responsable de la aplicación de las medidas de confianza" previstas en el acuerdo alcanzado el 31 de diciembre con el fin de "atenuar las tensiones y crear un entorno propicio para la celebración de elecciones pacíficas". "La MONUSCO sigue estando determinada a acompañar a RDC hacia elecciones pacíficas, creíbles e inclusivas", ha señalado Sidikou.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, ha lamentado que "una vez más constatamos graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas de forma flagrante y en total impunidad por las fuerzas de seguridad, que han hecho un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados, en violación flagrante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las normas internacionales".
En este sentido, ha pedido al Gobierno que "vele para que los responsables de estas violaciones (...) sean llevados ante la justicia".
Igualmente, ha reclamado que se pongan en marcha medidas "a todos los niveles, para que el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales por la población no lleve a pérdidas de vidas humanas".
Al Husein ha reclamado a este respecto al Gobierno congoleño la adopción de una "ley sobre la libertad de manifestación pacífica y una ley sobre los defensores de los Derechos Humanos".