Los reguladores europeos admiten preocupación por la ley polaca y piden respetar la independencia de los medios

BRUSELAS, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Reguladores Europeo para los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA, por sus siglas en inglés) ha manifestado este lunes "preocupaciones serias" por la nueva legislación polaca que afecta a los medios públicos y ha reclamado que se respete la independencia de los medios en todos los países de la UE.

El pasado 7 de enero entró en vigor en Polonia una nueva legislación sobre medios públicos que transfiere la capacidad de nombrar y relevar a los miembros de las juntas de gobierno y supervisión de los medios de radiodifusión públicos al Ministerio de Hacienda del país, hasta ahora en manos de la autoridad nacional independiente polaca, el KRRiT, y pone fin inmediato al mandato de los actuales miembros.

"No habrá una duración del mandato definido y los miembros podrán ser cesados por el ministro o ministra del Tesoro en cualquier momento bajo su discreción. Estos acontecimientos recientes y las intenciones exprimidas del Gobierno polaco de influir en la programación de los medios de radiodifusión pública plantean preocupaciones serias sobre la salvaguarda de la independencia de los medios en la Unión Europea", ha advertido en un comunicado el grupo que reúne a los responsables o altos representantes de los órganos de regulación de medios audiovisuales independientes de los Veintiocho.

Los reguladores europeos han avisado de que la situación en Polonia también pone de relieve que "la protección de la independencia de los medios en toda Europa no puede darse por hecha y requiere de la atención continua de todas las instituciones relevantes" y han vuelto a recomendar en un informe publicado este lunes que se incluyan "salvaguardias más fuertes" para la independencia de los reguladores de medios audiovisuales, como forma de proteger nuestras sociedades abiertas y libres en el marco de la próxima revisión de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales.

En su informe, el grupo de reguladores europeos defiende fijar estándares mínimos claros para que se garantice su independencia en todos los estados miembro frente a las administraciones como el sector privado, que rindan cuentas ante todos los actores relevantes, tengan autonomía en la toma de decisiones y poderes adecuados para hacerlas cumplir, así como recursos financieros suficientes para garantizar la supervisión independiente de los medios, además de contar con procedimientos para nombrar y cesar a sus miembros abiertos y transparentes.

El grupo ha vuelto a subrayar "el papel crucial" de los medios audiovisuales para garantizar la libertad de expresión y el libre flujo de información y contribuir al refuerzo de la democracia y ha recalcado que "los procedimientos abiertos y no politizados para la nominación, nombramiento y cese de actores clave dentro de los medios audiovisuales son herramientas importantes para salvaguardar este papel".

"Los medios independientes también requiere de una fuerte protección de la supervisión independiente frente a la intervención comercial o estatal indebidas", avisan los reguladores europeos en el comunicado.

Por todo ello, ERGA ha reclamado a "todos" los países de la UE que "actúen para cumplir el principio de la independencia de los medios en todos los Estados miembro de la UE" y, a la Comisión Europea, "que continúe vigilando activamente las evoluciones y tome todos los pasos necesarios para apoyar medios libres e independientes, incluido tomando una acción firme contra el debilitamiento de los acuerdos institucionales necesarios".

El Colegio de Comisarios mantendrá "un debate de orientación" sobre la situación en Polonia este miércoles antes de decidir "los próximos pasos", ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario en rueda de prensa, Margaritis Schinas.

Aunque la Comisión Europea ha exigido a Polonia cambios en su polémica normativa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, descartó el pasado jueves que se llegue a aplicar a Polonia el artículo 7 del Tratado de la UE, que prevé la posibilidad de suspender a un Estado miembro de sus derechos de voto en el Consejo por la violación grave y persistente de los valores fundamentales de la Unión. "No creo que lleguemos a ese punto", aseguró en rueda de prensa en Ámsterdam.