Un relator de la ONU critica el uso de las instituciones en Bolivia "con fines de persecución política"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ha criticado este jueves el uso de las instituciones judiciales y fiscales "con fines de persecución política" en Bolivia.

"Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política", ha indicado García-Sayán a través de la red social Twitter, al tiempo que ha señalado que "crece el número de detenciones ilegales".

Las palabras del relator especial de Naciones Unidas se producen después de la detención este jueves de Gustavo Torrico, diputado del partido del expresidente boliviano Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), acusado de sedición y terrorismo.

"Hoy fue el turno del exministro Gustavo Torrico", ha lamentado García-Sayán, que ha llamado "al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso".

Torrico ha sido detenido a las 11.00 horas (hora local) de este jueves en su casa del barrio de Los Almendros, en el sur de La Paz, según ha informado el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC), Iván Rojas, citado por la agencia de noticias ABI.

Rojas ha explicado que se ha procedido al arresto de Torrico porque no acudió a la cita con el Ministerio Público para declarar en el marco de las investigaciones realizadas en su contra y la de otros dirigentes del MAS por sedición y terrorismo por incitar a la violencia durante la crisis postelectoral.

Morales ha denunciado la detención de Torrico y ha indicado que constituye "una prueba más del Estado de No Derecho en Bolivia", al tiempo que la ha calificado de "ilegal".

El exmandatario ha recordado que, además de Torrico, "cinco ex ministros y dos ex directores permanecen como rehenes del Gobierno 'de facto' en la Embajada de México" y el ex ministro Carlos Romero, la apoderada Patricia Hermosa y "dirigentes sociales, indígenas y militantes" siguen detenidos. "Exigimos justicia y libertad, no cometieron delito", ha defendido.

El propio Morales ha sido denunciado por sedición y terrorismo ante los tribunales bolivianos y por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por una conversación telefónica en la que supuestamente ordenaría cercar las principales ciudades del país para forzar la caída del Gobierno interino de Jeanine Áñez y su vuelta al poder.