MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, ha criticado este domingo la ejecución en Bahréin de tres personas condenadas por terrorismo, en los primeros ajusticiamientos llevados a cabo en el país árabe desde 2010.
"Bahréin ha ejecutado a Abbas al Samea, Alí al Singace, Sami Mushaima. Tortura, juicio injusto y pruebas endebles: se trata de asesinatos extrajudiciales", ha dicho a través de su cuenta en la red social Twitter.
Las ejecuciones han tenido lugar en la mañana de este domingo a través de un pelotón de fusilamiento, según ha confirmado el fiscal general de Bahréin para delitos de terrorismo, Ahmed al Hammadi, a la agencia estatal de noticias, BNA.
El Tribunal de Casación de Bahréin había confirmado el lunes la pena de muerte contra los tres condenados, acusados de la muerte de tres soldados en un atentado perpetrado en marzo de 2014 en la localidad de Daih.
La Fiscalía acusó a los condenados de colocar una bomba y atraer a los agentes a la zona generando disturbios en la misma. Entre los muertos figura un coronel de nacionalidad emiratí.
El Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) criticó entonces el fallo, recalcando que "las autoridades obtuvieron confesiones utilizando torturas" y agregando que "no se garantizó que el proceso fuera justo".
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.