La República Dominicana abre la puerta a legalizar la situación de los inmigrantes irregulares

Foto: REUTERS

SANTO DOMINGO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, ha emitido este viernes el decreto 327-13, por el que establece un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, y en el que se invita a los inmigrantes en situación irregular a acogerse al acuerdo en un plazo de 18 meses --a partir de la puesta en marcha del mismo--, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

   La comisión encargada de la redacción de esta norma, que ha estado reunida este viernes, afirma que ha incluido algunas de las observaciones formales presentadas por las organizaciones sociales. De esta forma, el Gobierno concluye que se trata de "una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, para los extranjeros en situación migratoria irregular".

   Entre los criterios que se exigen para demostrar un vínculo con la sociedad dominicana, se tendrá en cuenta el hecho de tener hijos nacidos en el país, de haber cursado estudios en territorio dominicano, de saber hablar y escribir español, de residir en un domicilio fijo, de convivir con un dominicano y de carecer de antecedentes penales.

   Asimismo, el decreto también establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con el país, tal y como ha detallado el periódico dominicano 'Diario Libre'. En este sentido, se valorará poseer propiedades muebles o inmuebles, cuentas bancarias o referencias comerciales, contar con un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.

   Sin embargo, aunque el Gobierno insiste en que trata de dar facilidades a los inmigrantes en situación irregular --muchos de ellos haitianos--, advierte de que los extranjeros radicados irregularmente y que no cumplan con los requisitos o no se acojan a las previsiones de regularización establecidas "quedarán sujetos a la deportación, de conformidad con la Constitución y las leyes".

   El propio Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ha afirmado que "en ningún caso puede confundirse con una amnistía, como erróneamente se ha mencionado". "Se trata, sencillamente, de una iniciativa de ley que nuestro país necesitaba hace tiempo y que permitirá, junto al plan de regularización, establecer reglas claras, coherentes y predecibles, que definan con criterios justos quiénes pueden acceder a la nacionalidad dominicana", ha sentenciado.

   Para ello, establece como órgano responsable de este plan el Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección General de Migración. De hecho, el decreto indica que el Poder Ejecutivo les dotará de los recursos necesarios para la realización de una campaña de información, en varios idiomas, de los alcances del Plan.

   Por otra parte, el artículo 8 del decreto incluye la posibilidad de "acogerse a un proceso especial para la naturalización de hijos de madres extranjeras no residentes, inscritos en el Registro Civil". De esta forma, prevé facilitar la nacionalidad a quienes nazcan en territorio dominicano, aunque sus padres se encuentren en condición migratoria irregular.

CRÍTICAS A SUS ANTERIORES POLÍTICAS SOBRE INMIGRACIÓN

   El pasado 26 de noviembre, la Comunidad del Caribe (Caricom) suspendió la evaluación que hacía a la solicitud de República Dominicana para formar parte de este organismo, al considerar "aberrante" y "discriminatorio" el fallo del Tribunal Constitucional dominicano que establece que los hijos de extranjeros no son ciudadanos del país.

   La Caricom insistió a través de un comunicado difundido en su web en que el dictamen "excluye de forma retroactiva a decenas de miles de dominicanos, en su mayoría de ascendencia haitiana", convirtiéndolos en apátridas sin recursos a apelación.

   Además, la Caricom --agrupación regional formada principalmente por economías insulares anglófonas-- advirtió de que denunciaría a la República Dominicana en otros foros, como pueden ser la Organización de Estados Americanos (OEA), el CARIFORUM y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

LA POLÉMICA SENTENCIA

   El conflicto se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, por lo que ahora serían "ilegales" o estarían "en tránsito".

   La gran mayoría de los afectados eran hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quedado en reiteradas ocasiones del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.

   República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.

   El Gobierno de Danilo Medina se ha enfrentado a una gran presión internacional por esta cuestión. De hecho, un grupo de 25 organizaciones humanitarias envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que impida la aplicación del fallo.