Actualizado: domingo, 30 agosto 2015 16:40


BRASILIA, 30 Ago. (Reuters/EP) -

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, descartó la idea de restablecer un impuesto a las transacciones financieras para cerrar el creciente déficit fiscal del país, después de que enfrentó una serie de críticas incluso desde el interior de su coalición, según han informado este domingo medios nacionales.

Los periódicos 'Folha de S.Paulo' y 'Estado de S.Paulo', citando a asesores presidenciales, han hecho saber que Rousseff ha abandonado la propuesta al darse cuenta de que no había tiempo para su aprobación en el Congreso, donde el lunes se debe presentar el plan de presupuesto del 2016.

La oficina de prensa de la presidencia dijo que no haría comentarios sobre el tema del impuesto hasta el lunes, ya que Rousseff planeaba seguir discutiendo sobre el presupuesto con sus ministros el domingo.

El Gobierno planeaba un proyecto de ley que reinstaure un tributo de un 0,38 por ciento sobre las transacciones financieras, conocido como CPMF, para recaudar cerca de 68.000 millones de reales (unos 16.000 millones de euros) al año.

El ministro de Hacienda, Joaquim Levy, explicó ayer que el impuesto era necesario para lidiar con los problemas fiscales de Brasil en medio de una economía en contracción.

Un funcionario de alto rango del Gobierno añadió a Reuters que Brasil no alcanzaría sus metas de ahorro fiscal del 2016 a menos que el CPMF, que fue derogado por el Congreso en el 2007, fuera puesto en vigor nuevamente.

Sin embargo, líderes empresariales, políticos de oposición e incluso miembros del principal aliado del partido de la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), liderado por el vicepresidente Michel Temer, se oponen al plan para reactivar el impopular arancel.

Ambos periódicos estimaron un déficit en el presupuesto del 2016 de casi 80.000 millones de reales (unos 23.000 millones de euros) y, si no se encuentran ingresos adicionales, debería reducirse la meta de ahorro fiscal de un 0,7 por ciento del producto interno bruto para el próximo año.

La crisis fiscal y la severa recesión han socavado la confianza de los inversores y puesto a Brasil en riesgo de perder su nota de grado de inversión el próximo año.

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