MANILA, 3 Dic. (Reuters/EP) -
Maria Ressa, la presidenta de Rappler, un medio digital crítico con el presidente filipino, Rodrgigo Duterte, ha salido este lunes en libertad tras el pago de la fianza impuesta por un tribunal de Manila en el marco de un proceso por evasión de impuestos que el diario denuncia como un juicio por "motivos políticos".
En octubre, el Departamento de Justicia procesó a la presidenta de Rappler y al medio por intento de evasión de impuestos al no informar sobre unas ganancias de casi tres millones de dólares en sus declaraciones de impuestos de 2015.
"Seguiré afrontando los cargos simplemente mostrando que están motivados políticamente y que son inventados", ha afirmado Ressa, en declaraciones a la prensa tras pagar los 60.000 pesos (unos 1.000 euros). La lectura de los cargos ha quedado convocada para el próximo viernes.
Minutos después, en un comunicado, Ressa ha dicho que se ha sometido a un proceso judicial y ha pasado "por lo que un criminal pasaría" hasta que ha depositado su fianza "sin renunciar" a su derecho a cuestionar "la jurisdicción" del tribunal que le juzga. "Este es un claro caso de acoso", ha subrayado.
Rappler ha puesto en entredicho al presidente Duterte en numerosas ocasiones, cuestionando la precisión y la veracidad de sus decalraciones e investigando su campaña de guerra contra la droga, que ha dejado miles de muertos, y su política exterior. El medio ha provocado la ira de Duterte, que en varios discurso ha cargado en su contra.
Los críticos con Duterte sostienen que este caso por evasión de impuestos es un intento del Gobierno por acallar a los medios críticos, una afirmación rechazada por el mandatario filipino.
En marzo, la Comisión de Cambio y Valores revocó la licencia de Rappler por incumplir la normativa en cuanto a propiedad extranjera. Desde entonces, la Presidencia de Filipinas ha prohibido al medio digital la cobertura de las actividades de Duterte.
Además, el medio afronta una denuncia por delito de difamación presentada por un empresario por una noticia de 2012 sobre tráfico de personas y de drogas. "Más que esta incapacidad de tolerar a la disidencia, esta implacable persecución de los medios de Duterte parece ser parte de una dirección crecientemente autoritaria que ha tomado su presidencia", ha afirmado este domingo el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas.
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha reclamado que los cargos contra Ressa y su medio sean retirados y ha denunciado que el caso forma parte de la "campaña" de Duterte y su Gobierno para "acosar, amenazar e intimidar" a los críticos.
