El Salvador aprueba nuevos impuestos para financiar los planes de seguridad

SAN SALVADOR, 30 Oct. (Reuters/EP) -

El Congreso de El Salvador ha aprobado este jueves un paquete de impuestos sobre las ganancias de grandes contribuyentes y el uso de servicios de telecomunicaciones para financiar planes de seguridad y combatir al crimen, que ha convertido al país centroamericano en uno de los más violentos del mundo.

El primero de los impuestos aprobado por los diputados está dirigido a gravar con un 5 por ciento a los grandes contribuyentes que registren ganancias netas anuales de más de 500.000 dólares.

El segundo es una contribución transitoria para cinco años que impondrá un cinco por ciento sobre la factura de adquisición y utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades: Internet y telefonía móvil y fija.

El Salvador registra una cifra récord de homicidios, atribuido principalmente a las violentas pandillas, que han sumido al país en su peor crisis de seguridad desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992 para poner fin a más de una década de cruenta guerra civil.

El número de homicidios en El Salvador se incrementó un 72,2 por ciento en los primeros nueve meses del 2015 respecto al mismo período del año anterior, como consecuencia de una ofensiva que libran las violentas pandillas.

El Salvador tiene una tasa de 68,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas en el mundo, lo que está provocando una migración masiva de niños y mujeres a Estados Unidos, de acuerdo con los informes de Naciones Unidas.

"Los recursos provenientes de la presente contribución especial serán utilizados única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y convivencia, que se concretará entre otros beneficios en instituciones de seguridad fortalecidas", explica el documento avalado por los legisladores.

Los fondos serán utilizados para dotar de recursos a la Policía, Fiscalía y otras instituciones de seguridad para reforzar su labores de combate al crimen.

El presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, hace frente a crecientes problemas para reunir los 2.000 millones de dólares que necesita su plan integral contra la violencia después de que la Corte Suprema frenase en junio una emisión de deuda de 900 millones de dólares por errores de procedimiento.