MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La empresa petrolera neerlandesa Shell ha asegurado este lunes que el reciente vertido de unos 3.800 barriles de petróleo en el delta del Níger fue provocado por un intento de robo en sus oleoductos, afirmando que no es la primera vez que esto ocurre en lo que va de año.
Shell dice que el oleoducto Trans Níger exporta unos 180.000 barriles de crudo al día a la terminal de exportación de Boni, donde se registró el último vertido, que ha contaminado las aguas que utilizan los pescadores nigerianos para ganarse el sustento.
Jurgen Janzen, subdirector del oleoducto, gestionado por la filial nigeriana de la empresa, ha apuntado que los responsables del intento de robo abrieron uno de los tubos para intentar extraer el petróleo.
"Tenemos miles de pozos en el delta (del Níger). No podemos estar en todos esos pozos. Vienen (los ladrones) a nuestros pozos, y ahí se ven las consecuencias", ha dicho, según ha recogido la emisora estadounidense Voice of America.
"Normalmente nuestros helicópteros realizan vuelos (de supervisión) por la mañana. La barcaza se habrá ido y lo que se ve es un montón de petróleo en los alrededores, porque no les importa el medio ambiente, sólo quieren coger el petróleo cuanto antes ir irse de allí", ha explicado.
Sin embargo, las comunidades locales responsabilizan a Shell de los vertidos, que han causado graves daños en la zona del delta. Los residentes de Bodo, una comunidad que sufrió dos vertidos en 2008, han denunciado a la compañía ante un tribunal británico. El pasado mes de junio, ofreció 30 millones de libras (37,8 millones de euros) a 15.000 residentes en la comunidad, que lo rechazaron.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional publicó en noviembre un informe en el que aseguró que la compañía tenía constancia de que sus oleoducto en Bodo era defectuoso, una acusación que ha sido rechazada por Shell.
Además, La Asamblea Nacional de Nigeria decidió a finales de noviembre que la petrolera neerlandesa debe pagar 3.960 millones de dólares (3.165 millones de euros) en concepto de indemnización por el vertido que tuvo lugar en 2011 frente a las costas de Bonga.
El Parlamento se basó en el informe de daños ambientales que varias agencias gubernamentales han elaborado en estos tres años, en el que se proponen indemnizaciones que llegan hasta los 11.500 millones de dólares (9.193 millones de euros).
La decisión de la sede legislativa no es vinculante, ya que tiene el poder de recomendar al Gobierno determinadas cuestiones, pero no de obligarle a llevar a cabo medidas concretas.