Los soldados sursudaneses y sus familias, al límite por los retrasos en los salarios

El Gobierno no tiene fondos para pagarles, lo que habría provocado un aumento de los saqueos

YUBA, 14 Feb. (Reuters/EP) -

Tras tres años de guerra civil y con una inflación por encima del 800 por ciento, el Gobierno de Sudán del Sur tiene problemas para pagar a sus tropas. Cuando los salarios atrasados finalmente llegan, el dinero está tan devaluado que apenas sirve para comprar comida para una semana.

Las esposas de los militares se han sumado a las filas de demacradas mujeres que esperan ayuda alimentaria o que acunan a desnutridos niños en hospitales en Yuba, la capital, mientras los soldados se aprovechan de los civiles o las agencias humanitarias. El Gobierno está perdiendo su capacidad de controlarles.

"A veces hay comida (en casa) y otras veces no", cuenta Rose Loru, mientras introduce gota a gota leche fortificada en la boca de su esquelético hijo. Tres de sus hijos, debilitados por el hambre, fallecieron por enfermedades el año pasado.

Seis años después de la independencia, Sudán del Sur solo tiene 200 kilómetros de carreteras asfaltadas en un país del tamaño de Texas. En Yuba, niños hambrientos se arremolinan cerca de los baches, a la espera de que los vehículos que pasan aminoren la marcha para que puedan golpear las ventanillas y mendigar comida.

Sudán del Sur ha estado sumido en el conflicto durante décadas, primero mientras los rebeldes se enfrentaban al Gobierno de Sudán, cuando ambos países eran uno, y entre sí. El país obtuvo su independencia en 2011, convirtiéndose en el más joven del mundo, pero volvió a sumirse en una guerra civil dos años después. Ahora, se enfrentan las fuerzas leales al presidente, Salva Kiir, un dinka, con los partidarios de su expresidente Riek Machar, un nuer.

La economía está en la ruina. El conflicto ha destrozado las instalaciones petroleras, cortado la producción a menos de la mitad de los niveles anteriores al conflicto y reduciendo los ingresos del Gobierno. La inflación alcanzó el 830 por ciento a finales de 2016 y la moneda se ha hundido. Ahora, un tercio de la población necesita ayuda alimentaria.

SAQUEOS A ORGANIZACIONES HUMANITARIAS

A medida que la desesperación se propaga, los ataques contra almacenes de las agencias humanitarias han aumentado. Responsables de la ONU afirman que hubo 71 incidentes de saqueo en 2016, frente a los 57 de 2015. El coste de los bienes robados es significativamente superior al del año anterior.

Los almacenes en los que se guardan las raciones alimentarias, la ayuda no alimentaria, material educativo y suministros médicos en las provincias de Equatoria Oriental, Alto Nivel, Warrap y Equatoria Occidental fueron saqueados en diciembre de 2016, según estas fuentes. Muchos estaban en zonas bajo control gubernamental.

Las historias de las familias de los militares y los ataques contra los almacenes humanitarios muestran el rápido descenso al caos en un país que Naciones Unidas dice que está al borde del genocidio.

"Hay que motivar a los soldados. La paga actual es inadecuada. Por eso estamos teniendo todos estos problemas", afirma un antiguo alto oficial militar, que pide no ser identificado.

En Yuba, siete de cada 18 mujeres entrevistadas por Reuters en hospitales o centros de alimentación son esposas de soldados. En circunstancias normales serían más privilegiadas que muchos en este país de 11 millones de habitantes. Sus maridos tienen empleos permanentes, incluso si la paga a veces llega tarde, pero incluso ellas se han visto empujados al límite.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

Los retrasos en los pagos no son nada nuevo en Sudán del Sur, pero los salarios solían tener mucho mayor poder adquisitivo. El salario de un soldado es ahora una miseria en un país que depende de las importaciones de alimentos. Antes de que se devaluara la moneda, el salario medio de los soldados era de 611 libras sursudanesas, unos 200 dólares. Pese a que ahora ha aumentado hasta las 1.060 libras, vale menos de 10 dólares.

Además, muchas veces no se cobra. Gabriel, un soldado de 38 años que no quiere que se diga su nombre completo, no recibió sus pagas de noviembre y enero. "Tengo tres hijos, pero no puedo permitirme pagar su comida, muchos menos la escuela", se lamenta.

Bakhita Elia, de 20 años, cuenta que su marido, un soldado, no ha enviado dinero en cinco meses. La mujer acuna a un niño de 16 meses vestido con un pijama mugriento y que pesa 4,2 kilos, poco más que un recién nacido. "Solo vivimos de hierbas y gachas", explica.

Su hijo, que ha sido diagnosticado con "malnutrición aguda severa", solo vivirá un par de semanas más sin tratamiento intensivo. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) afirma que 326.000 niños estaban en esa misma situación en diciembre, frente a los 170.000 de principios de 2016.

Pero los soldados no son los únicos empleados gubernamentales que sufren. Los profesores, las enfermeras y los funcionarios también tienen problemas.

Un kilo de arroz cuesta 1,20 dólares, fuera del alcance para muchos. Los comerciantes solían vender sacos de judías pero ahora los cobran por tazas. En un hospital gubernamental de la capital, las enfermeras que no cobran cuentan que ellas mismas vigilan si sus hijos muestran signos de desnutrición.

El ministro de Finanzas, Stephen Dheiu Dau, afirma que los soldados y los funcionarios han recibido pequeñas subidas salariales en el presupuesto de noviembre, pero no ha querido comentar sobre los militares.

El Gobierno niega las acusaciones de abusos generalizados por parte de sus soldados e insiste en los casos en los que se ha detectado indisciplina, los implicados han sido procesados. El Ministerio de Defensa y el portavoz del Ejército, general de brigada Lul Ruai Koang, no han querido hacer comentarios al respecto.

PÉRDIDA DE INFLUENCIA DE LOS COMANDANTES

Festus Mogae, un expresidente de Botsuana que encabeza la comisión internacional que está supervisando el ignorado alto el fuego, ha señalado que la influencia de los comandantes sobre las tropas impagadas parece estarse desvaneciendo.

"Temo que estemos llegando a esa fase (...) en la que (los soldados) puedan no escuchar las instrucciones del Gobierno", advierte en declaraciones a Reuters, añadiendo que la ayuda está siendo saqueada con creciente frecuencia.

Mogae es reacio a responsabilizar a ninguna de las partes, mostrando la misma cautela que los responsables humanitarios, que quieren evitar que se les acuse de parcialidad ya que necesitan toda la ayuda que puedan recibir del Gobierno.

"La frase que usamos es 'hombres en unifore', no sabemos de qué bando. Acusamos al Gobierno, el Gobierno lo niega, por supuesto. Hay tantas personas en uniforme y que portan armas", afirma.

Tras la reanudación de los combates en Yuba en julio, los soldados saquearon el almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA), llevándose 4.500 toneladas de grano, así como generadores, camiones y otro material.

En privado, los trabajadores humanitarios afirman que en ocasiones los soldados desvían los camiones cisterna con agua a sus bases de los puntos gestionados por la ONU en Yuba para los desplazados.

"El Gobierno no puede controlar o desplegar a soldados tan dispuestos como era capaz", afirma Jok Madut Jok, un antiguo subsecretario de Cultura que dirige el 'think tank' Sudd Institute.

El Gobierno está dirigiendo ahora los recursos limitados a "un pequeño grupo de partidarios radicales en los que puede confiar para proteger al Gobierno", precisa.

Un experto en seguridad que las unidades favorecidas, como el Batallón Tigre, una guardia presidencial integrada principalmente por dinkas de la zona natal del presidente, cobran a tiempo.