El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU visitará España, Panamá y Mongolia

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas ha anunciado este martes que el próximo año 2017 visitará, entre otros países, España, Panamá y Mongolia, para evaluar el tratamiento que reciben las personas privadas de libertad y las medidas que se toman para su protección contra los maltratos y las torturas.

En un comunicado, el SPT ha señalado que el organismo realiza visitas sin anuncio previo a cualquier lugar donde se encuentren personas privadas de libertad, tales como prisiones, comisarías de Policías, centros para inmigrantes, servicios de seguridad, instalaciones de interrogatorios o hospitales psiquiátricos.

Asimismo, "el SPT asesora a las autoridades nacionales sobre el establecimiento de órganos nacionales de vigilancia de la detención, conocidos como Mecanismos Preventivos Nacionales (MPN), y coopera y asiste con estos en su funcionamiento".

Durante los últimos diez años, desde que entró en vigor el Protocolo Opcional de la ONU contra la Tortura (OPCAT), la subcomisión ha realizado más de medio centenar de visitas, ofreciendo recomendaciones para mejorar la eficiencia de estos mecanismos de vigilancia.

Esto, señalan desde la SPT, ha mejorado "las condiciones de detención" de los privados de libertad, así como el "acceso a información y representación legal" y la instrucción de jueces, policías, funcionarios penitenciarios y profesionales de la sanidad.

Además de España, Panamá y Mongolia, el SPT visitará Hungría, Macedonia, Bolivia y Ruanda.

España ha sido recientemente criticada, tanto por asociaciones judiciales y ONG como por diferentes partidos políticos, con respecto a su actuación e los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), después de que el pasado mes de octubre tuviera lugar un motín en uno de los CIEs de Madrid, por parte de 37 inmigrantes recluidos en él.

La organización en defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional ha venido denunciando durante los últimos años la detención "generalizada e indiscriminada" de inmigrantes en situación administrativa irregular "sin tener en cuenta" sus circunstancias personales, con reclusiones de hasta un máximo de 60 días en los CIEs como "política de control migratorio".