MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Sudán del Sur han negado el permiso al exjefe del Ejército Paul Malong Awan para que viaje de Kenia para realizarse pruebas de ADN tras la muerte de su hija en un incendio registrado la semana pasada en una escuela de la capital, Nairobi.
La esposa de Malong --quien fue cesado en mayo y se encuentra bajo arresto domiciliario en Yuba-- ha afirmado que el presidente del país, Salva Kiir, ha sido el que ha dado la orden de que no viaje a Nairobi.
"Malong habló con el presidente (Kiir) desde el sábado sobre la muerte de su hija en Nairobi. El presdiente respondió y dijo que no tenía permiso para ir", ha dicho, en declaraciones a la emisora Radio Tamazuj.
El ministro de Defensa de Sudán del Sur, Kuol Manyang Juuk, confirmó la semana pasada que el exjefe del Ejército se encuentra confinado en su vivienda por razones de seguridad. "No ha sido arrestado, pero está confinado. No hay cargos contra él", manifestó.
Malong, miembro de la etnia dinka, abandonó Yuba tras su cese, provocando el temor de que se uniera a la revuelta armada. Sin embargo, Manyang Juuk sostuvo que el exjefe del Ejército "fue persuadido para que volviera" y "está de vuelta en casa".
El exjefe del Ejército sursudanés es una de las tres personas contra las que Estados Unidos ha anunciado sanciones este mismo miércoles por "el papel de oficiales del Gobierno sursudanés contra la paz, la seguridad y la estabilidad del país".
Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011, pero se sumió en una guerra civil en 2013, cuando Kiir destituyó a Riek Machar, actual líder rebelde que en aquel momento ejercía de vicepresidente en el marco de un gobierno de consenso.
Naciones Unidas ha alertado en varias ocasiones de la posibilidad de un genocidio en el país, debido al cariz étnico que parece estar tomando el conflicto.
Este mismo mes, la ONU afirmó que el conflicto había causado cerca de 1,9 millones de desplazados internos, mientras que casi otros dos millones se encuentran refugiados en los países vecinos y cerca de seis millones se encuentran en situación de "inseguridad alimentaria grave".