El Supremo de Bahréin aplaza hasta el 2 de agosto el juicio al activista Nabil Rayab

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Bahréin ha aplazado este martes hasta el 2 de agosto el juicio contra el destacado activista Nabil Rayab, presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR).

Rayab que está siendo procesado ahora por unos tuits publicados el año pasado en el que acusaba a las fuerzas de seguridad de torturar a los presos de la cárcel más importante del país y de la muerte de civiles en la intervención de la coalición saudí en Yemen.

Durante la vista de este martes, el juez ha rechazado la petición del abogado de Rayab para que fuera liberado de forma provisional hasta la fecha del juicio, según ha informado el BCHR.

El organismo ha denunciado además que el activista ha permanecido en aislamiento en solitario desde su arresto el 13 de junio, agregando que las autoridades "no están garantizando los estándares mínimos de trato a prisioneros".

Rayab ha sido detenido en diferentes ocasiones para posteriormente ser liberado. La última vez salió de prisión en julio de 2015 por razones médicas después de cumplir tres de una sentencia de seis meses de prisión por "insultar las instituciones públicas".

En agosto de 2012 fue condenado por organizar y participar en las protestas ilegales que exigieron la instauración de reformas en el reino.

Este mismo martes, un total de 26 organizaciones bahreiníes e internacionales han pedido la liberación del activista. "Recordamos al Gobierno bahreiní su obligación de preservar el derecho a la libertad de expresión", han dicho.

Según las ONG defensoras de los Derechos Humanos, este caso se enmarca dentro de una ola represiva de las autoridades suníes, responsables en los últimos meses de medidas contra movimientos opositores y el principal clérigo chií.

PROTESTAS PRODEMOCRÁTICAS EN BAHRÉIN

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.

En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.