El Supremo de Brasil incluye en el caso de los ataques del 8 de enero a uno de los sobrinos de Bolsonaro

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha incluido este miércoles en el caso por los ataques del 8 de enero a uno de los sobrinos del expresidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conocido como Léo Índio, al considerar que participó de manera "activa" en los "violentos actos antidemocráticos" de aquel día.

La decisión ha sido tomada por el juez del Supremo Dias Toffoli tras aceptar una petición enviada la semana pasada por la Procuraduría General, después de que se convirtiera en objetivo de las operaciones a finales de enero.

Rodrigues, para quien se pide prisión preventiva, llegó incluso a compartir en sus redes sociales alguna de las imágenes que inmortalizó aquel día a las puertas del Congreso, una de las tres sedes vandalizadas, junto a la del Supremo y la de la Presidencia. Ahora, será investigado por un delito de golpe de Estado.

En aquella foto que Rodrigues subió a su cuenta de Instagram, se le puede ver con los ojos enrojecidos como consecuencia de los gases lacrimógenos que lanzaron las fuerzas de seguridad para intentar detener a la multitud. El sobrino de Bolsonaro acusó a los agentes de atacar a "inocentes".

Rodrigues es primo de dos de los tres hijos de Bolsonaro, si bien es más próximo a Carlos, de quien fue asesor en la Asamblea de Río de Janeiro, etapa que está bajo investigación por el escándalo de las 'rachadinhas', una trama de corrupción por la cual varios concejales se quedaban con parte del sueldo de sus empleados.

Asimismo ha ocupado diversos cargos de confianza en varios equipos de políticos bolsonaristas y se presentó sin éxito a diputado en Brasilia en las elecciones de 2022. Para ello utilizó el apellido Bolsonaro a pesar de no serlo, pues se trata del hijo de la hermana de la exmujer del expresidente, Rogéria Nantes.

No es la primera vez que Rodrigues es investigado por las autoridades, ya que en 2021, según contó 'Folha de Sao Paulo', la Procuraduría le abrió un expediente por la supuesta organización y financiación de unas manifestaciones ilegales el 7 de septiembre de aquel año, desde las que Bolsonaro lanzó amenazas con tintes golpistas contra el Congreso y los jueces del Supremo.