NAIROBI, 16 May. (Reuters/EP) -
El Tribunal Supremo de Burundi ha ordenado incautar los bienes propiedad de activistas opositores en el exilio, en el último gesto represivo por parte del Gobierno del presidente Pierre Nkurunziza, muy criticado por la comunidad internacional.
El veredicto afecta a 32 políticos, defensores de los Derechos Humanos y periodistas que viven en el extranjero, así como a nueve oficiales del Ejército encarcelados en el país por el intento de golpe de Estado de 2015, según un comunicado publicado por el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo.
En el poder desde 2005, la decisión de Nkurunziza de optar a un tercer mandato en 2015 fue considerada como ilegal por la oposición, lo que desencadenó protestas y un fallido levantamiento. Finalmente, la justicia le dio la razón y el presidente logró un nuevo mandato. Desde entonces, casi medio millón de personas han huido del país. El año pasado, los burundeses dieron su visto bueno en referéndum a que pueda seguir en el cargo hasta 2034.
En su comunicado publicado a última hora del miércoles, el fiscal general Sylvestre Nyandwi dijo que había informado al registrador de títulos de tierras de que los edificios propiedad de personas en la lista deben ser incautados.
Vital Nshimirimana, uno de los políticos opositores en el exilio citado en la sentencia, ha denunciado que constituye una burla del sistema judicial. "Estas son personas que el régimen de Pierre Nkurunziza quiere asesinar", ha escrito en su Twitter respecto a los afectados. "La mayoría están libres y siguen exponiendo los crímenes del régimen", ha añadido.
El pasado marzo, Burundi forzó a Naciones Unidas a cerrar su oficina de Derechos Humanos en el país tras 23 años, argumentando que había hecho progresos suficientes en la materia y que por tanto su presencia no estaba justificada.