El Supremo despeja el camino para juzgar a la fiscal general de Venezuela tras sus críticas a Maduro

CARACAS, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha considerado este martes que hay motivos para juzgar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por no respetar las decisiones del TSJ, tras las críticas que la jefa del Ministerio Público ha dirigido al Gobierno de Nicolás Maduro por su actuación en el marco de la crisis política que sufre la nación caribeña.

"La Sala Plena del TSJ, presidida por el magistrado Maikel Moreno, admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el diputado de la Asamblea Nacional Pedro Carreño contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo", reza el fallo.

Además, el alto tribunal se ha declarado "en sesión permanente" para decidir este mismo martes sobre las medidas cautelares solicitadas por el diputado 'chavista', que ha pedido prohibir a Ortega Díaz que salga del país y que todos sus bienes sean embargados.

Carreño, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pidió el pasado 16 de junio al TSJ que hiciera un antejuicio de mérito sobre Ortega Díaz porque, según sostiene, "mintió" al intentar impugnar la designación que el Parlamento 'chavista' saliente hizo en diciembre de 2015 de los magistrados del TSJ antes de que el nuevo Congreso, dominado por la oposición, comenzara su andadura, en enero de 2016.

Ortega Díaz acudió la semana pasada al TSJ para que anulara la designación de todos los magistrados del TSJ por considerar que se hizo en un proceso fraudulento, algo que ya ha intentado en numerosas ocasiones la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición disidente-- pero sin éxito, dado que siempre se ha encontrado con la oposición del propio tribunal.

Carreño esgrime que Ortega Díaz "trató de engañar" al TSJ porque pide la nulidad del nombramiento de los magistrados del TSJ pero firmó el acta del Consejo Moral Republicano que dio luz verde a tal designación en diciembre de 2015. Para el diputado 'chavista', se trata de un intento de la fiscal general de "dañar la honorabilidad" del anterior "poder ciudadano".

El legislador venezolano ya pidió al TSJ el pasado 5 de junio que echara a la jefa del Ministerio Público por "insanía mental". Entonces esgrimió que, con sus constantes críticas al Gobierno de Nicolás Maduro, Ortega Díaz podría acabar desatando una "guerra civil", según informa el diario local 'El Nacional'.

EL VERSO SUELTO DEL 'CHAVISMO'

Ortega Díaz ha sido una leal 'chavista' durante años pero en los últimos meses ha pronunciado sus primeras críticas contra el Gobierno. En concreto, ha reprochado a Maduro la represión de las manifestaciones opositoras, los juicios militares contra civiles y su injerencia en los demás poderes del Estado.

En las últimas semanas, ha arreciado su ofensiva contra el Palacio Miraflores y ha hecho un llamamiento a "todos los venezolanos" a rechazar la Asamblea Constituyente convocada por el presidente por considerar que destruirá el legado de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.

Ortega Díaz ha denunciado que su familia ha recibido amenazas. "A mi familia la acosan, la persiguen patrullas que parecen ser del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), les mandan mensajes", dijo. "Las amenazas que yo he recibido han sido por televisión, que creo las ha visto todo el mundo", añadió.

Esta sentencia proporciona el fundamento jurídico para que Ortega Díaz sea juzgada y eventualmente destituida pero, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solo puede ser cesada por la Asamblea Nacional, que ya ha anticipado que la mantendrá en el cargo.

CRISIS VENEZOLANA

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, más de 70 personas han muerto, incluidos adolescentes, y miles han sido detenidas.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos el próximo 30 de julio "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.