La Ley Patriótica persigue desde 2001 a quien preste "asesoramiento experto o ayuda" a organizaciones consideradas terroristas
WASHINGTON, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo estadounidense emitió una sentencia en la que ratifica la constitucionalidad de las leyes que persiguen el "apoyo material" a organizaciones extranjeras que el Gobierno considere terroristas. El caso fue remitido al Supremo a petición del Gobierno después de que un tribunal californiano respaldara las relaciones de una ONG estadounidense con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
La sentencia, aprobada por seis votos contra tres, mantiene así la vigencia de una de las disposiciones de la Ley Patriótica de 2001, considerada fundamental por la Administración de Barack Obama, a pesar de que grupos de derechos civiles creen que supone una violación de la libertad de expresión de los ciudadanos americanos que quieran apoyar las actividades no violentas de cualquiera de estos grupos.
Así, se podrá seguir persiguiendo a cualquiera que preste "cualquier tipo de servicio, adiestramiento, asesoramiento experto o ayuda" a una organización terrorista extranjera y condenándole a penas de entre 10 y 15 años de cárcel.
"Proporcionar apoyo material a grupos terroristas extranjeros en cualquier forma favorece el terrorismo tensando las relaciones de Estados Unidos con sus aliados y socava los esfuerzos de cooperación entre las naciones para evitar atentados terroristas", explica el juez John Roberts.
Desde el 11 de septiembre de 2001, hasta 125 personas han sido procesadas por "apoyo material" a individuos u organizaciones terroristas, la mitad de las cuales han sido condenadas. La Fiscalía Federal ha incluido este delito en prácticamente todos los casos por delitos relacionados con terrorismo.
Entre los grupos incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras elaborada por el Gobierno se encuentran Al Qaeda, el movimiento palestino Hamás, el grupo libanés Hezbolá, ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
VAGUEDAD DE LA LEY PATRIÓTICA
El recurso de constitucionalidad llegó al Supremo a petición del propio Gobierno, que solicitó la confirmación de varios artículos de la Ley Patriótica después de que un tribunal de apelaciones de San Francisco (California) los considerara inconstitucionales por ser demasiado vagos.
El principal demandante es el Proyecto Derecho Humanitario (HLP), una ONG de Los Ángeles (California) que defiende "la resolución pacífica de conflictos armados y el cumplimiento a nivel mundial del Derecho Humanitario y la legislación sobre Derechos Humanos". El grupo intentó ponerse en contacto con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
En su apelación al Supremo el Gobierno destaca que "desde sus inicios esa organización es responsable de una insurgencia violenta que ha costado más de 22.000 vidas", pero HLP alegó que pretendía representar al PKK ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como realizar campañas de concienciación pública.
Elena Kagan, candidata al Supremo nominada por el presidente Barack Obama, defendió en febrero la apelación del Gobierno federal cuando ocupaba el cargo de procuradora general de Estados Unidos. "Hezbolá construye bombas, pero también construye casas. Lo que ha decidido el Congreso es que ustedes puedan ayudar a Hezbolá a construir casas, pero también les ayudan a construir bombas. Esa es la teoría completa que sustenta este recurso, y es una teoría razonable", dijo.
En su voto particular, los jueces del Supremo Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor lamentan que los otros seis jueces hayan interpretado erróneamente la ley "para prohibir enseñar cualquier materia que suponga un choque entre la preocupación por la seguridad nacional y la Primera Enmienda". "La Constitución no permite que tales conflictos se decidan a favor del Gobierno", explica Breyer.
Ralph Ferting, abogado de derechos civiles de 79 años que fundó HLP hace un cuarto de siglo, confesó en declaraciones a la CNN que teme ser arrestado debido a sus relaciones con grupos considerados terroristas. "Mi misión sería trabajar con estos grupos para intentar convencerlos de que empleen medios pacíficos para resolver estos conflictos", afirmó Ferting tras conocer la sentencia. Fue el propio Ferting quien presentó la demanda contra el Gobierno.
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