El Supremo de EEUU exime a ex altos cargos de denuncias por los arrestos de musulmanes tras el 11-S

WASHINGTON, 19 Jun. (Reuters/EP) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado este lunes que los responsables de las principales agencias de seguridad en la fase posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 no pueden ser denunciados por el trato que recibieron bajo custodia los sospechosos detenidos, en su mayoría musulmanes.

Por cuatro votos a dos --tres de los magistrados no han participado en este caso--, el Supremo ha tumbado el fallo de una instancia inferior que abría la puerta a una cascada de denuncias contra el exfiscal general John Aschroft y el exdirector del FBI Robert Mueller, ahora de actualidad por sus investigaciones contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los defensores de los derechos civiles que habían presentado la denuncia sostenían que algunos altos cargos eran responsables de promover discriminaciones raciales y religiosas, así como abusos bajo custodia. Los denunciantes, imputados únicamente con faltas de índole migratoria, aseguran que pasaban 23 horas al día en aislamiento, sufrían privación de sueño y palizas y no podían practicar su credo.

La abogada Rachel Meeropol, miembro del Centro de Derechos Constitucionales, ha lamentado que la sentencia del Supremo "permite que altos cargos violen la Constitución sin temor a rendir cuentas a título personal", lo que envía "un peligroso mensaje en esta época de flagrante discriminación estatal contra comunidades musulmanes e inmigrantes".

El juez Anthony Kennedy ha admitido la gravedad de las acusaciones y ha descartado que el Supremo esté avalando los supuestos malos tratos, pero ha argumentado que lo único que debía analizar la máxima instancia judicial era si el Congreso había autorizado los procesamientos contra las autoridades señaladas.

Los magistrados Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, en cambio, han disentido y este último ha realizado un gesto relativamente inusual al leer su argumentación desde el asiento. En su opinión, las denuncias deberían poder seguir para "proporcionar una compensación apropiada a quienes fueron privados de importantes derechos constitucionales en momentos de especiales necesidades en materia de seguridad nacional".

La única concesión a la que ha accedido el Supremo es a remitir de nuevo a instancias inferiores las reclamaciones contra Dennis Hasty, responsable del centro penitenciario donde permanecieron los detenidos.