El Supremo paraliza el plan de enterrar a Marcos en el cementerio de los héroes

MANILA 23 Ago. (Reuters/EP) -

El Tribunal Supremo de Filipinas ha ordenado este martes al Gobierno que paralice el controvertido plan para enterrar al exdictador Ferdinand Marcos en el cementerio de los hérores, según ha anunciado un portavoz de la corte.

El plan apoyado por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, de enterrar a Marcos en el cementerio ha sido criticado por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y por muchos políticos, incluido el vicepresidente Leni Robredo y senadores aliados del expresidente Benigno Aquino.

Los quince magistrados del Supremo, en respuesta a un recurso presentado la semana pasada por detractores del plan, han ordenado al Gobierno que no haga nada al respecto durante 20 días, ha indicado el portavoz del tribunal, Theodore Te.

El portavoz no ha aclarado por qué el tribunal ha emitido esta orden, pero ha pedido argumentos de ambos bandos para ayudar a los magistrados a decidir sobre el asunto antes de la fecha prevista del entierro el próximo 18 de septiembre.

Durante su paso por el poder entre los años 1970 y 1980, Marcos, su familia y su círculo más próximo amasaron una fortuna de más de 10.000 millones de dólares y miles de presuntos milicianos comunistas y rivales políticos fueron asesinados. Su mujer, Imelda, niega que la fortuna se obtuviera de forma ilegal.

En 1986, fue depuesto en una revuelta popular y huyó a Hawaii, donde murió tres años después. Sus restos fueron devueltos a Filipinas a principios de los años 1990 y han sido mantenidos en un mausoleo familiar en su localidad natal en el norte.

El nuevo presidente Duterte ha dicho que Marcos, como antiguo líder y soldado, debería ser enterrado en el cementerio. Marcos fue un líder guerrillero durante la Segunda Guerra Mundial cuando la antigua colonia estadounidense fue ocupada por las fuerzas japonesas.

Los detractores del plan afirman que enterrar a un dictador en el cementerio, conocido como Libingan ng mga Bayani, violaría las normas militares que prohíbe a "aquellos que han sido expulsados con deshonor del servicio o al personal condenado por un delito que implique bajeza moral".