CARACAS, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha prorrogado otros 60 días el decreto de "emergencia económica" dictado por el presidente, Nicolás Maduro, después de que la Asamblea Nacional --controlada por la oposición-- se negara a ampliar la vigencia.
El alto tribunal ha declarado constitucional el decreto 2.270 del 11 de marzo, que extiende otros dos meses la "emergencia económica" declarada por Maduro el pasado 14 de enero para usar a su antojo los fondos presupuestarios con el fin de superar la crisis.
La Sala Constitucional del TSJ ha destacado que la emergencia económica, "que encuentra razón en el contexto latinoamericano y global actual, resulta proporcional, pertinente, útil y necesaria para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado".
En lo formal, la sede jurisdiccional ha esgrimido que el decreto presidencial "fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé la Carta Magna, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativas aplicables", según informa 'El Universal'.
El TSJ ha recordado que "le corresponde garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios fundamentales, en su condición de máximo y último intérprete de la Carta Magna", de modo que "sus decisiones sobre dichas normas y principios son estrictamente vinculantes".
El Supremo se ha decantado por el Palacio de Miraflores, que el martes ordenó la prórroga y el jueves obtuvo la negativa de la Asamblea Nacional al considerar que "la solución a los graves problemas que afectan a la economía venezolana no radica en el otorgamiento de poderes exorbitantes a un Gobierno ya favorecido con una enorme concentración de poderes, sino en una rectificación profunda de las políticas económicas".
El papel de la máxima corte es especialmente importante en el actual contexto político venezolano, con una Asamblea Nacional en manos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --después de 16 años de hegemonía 'chavista'-- y Maduro en Miraflores.
El TSJ será el responsable de dirimir los conflictos que se planteen entre Parlamento y Gobierno por la aprobación de leyes, decidiendo en qué casos prevalecerá el veto presidencial y en cuáles la decisión del Poder Legislativo.
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Islas Baleares
Madrid
País Vasco
La Rioja
C. Valenciana
Navarra
Asturias
Murcia
Ceuta y Melilla
