Suu Kyi propone mantener algunas de las restricciones al derecho de asociación impuestas por la junta militar

RANGÚN, 13 May. (Reuters/EP) -

La Consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyi, se enfrenta a las críticas de los grupos de activistas y de defensa de Derechos Humanos, que advierten de que su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), planea mantener algunas de las restricciones a la libertad de expresión impuestas con anterioridad por la junta militar del país.

Desde que llegó al poder en abril, la LND ha alcanzado un número récord en la puesta en libertad de detenidos y ha contribuido a la revisión de las medidas más represivas impuestas durante los años de gobierno militar. Sin embargo, la nueva versión de la ley sobre la libertad de reunión y manifestación ha hecho saltar las alarmas desde que el proyecto de ley llegó a manos del Parlamento la semana pasada.

El borrador del proyecto establece que se castigará a los manifestantes que propaguen informaciones falsas y convierte las reivindicaciones no registradas previamente como delitos. Además, impone sanciones legales a aquellos que "molesten" a terceros e impide a los habitantes sin nacionalidad birmana manifestarse, lo que afecta principalmente a la minoría musulmana rohingya.

La LND ha establecido que la nueva ley busca proteger a los manifestantes pacíficos en vez de penalizarlos, un cambio sustancial en una era de legislación militar. La preocupación por la ley de Asociación Pacífica ha aparecido después de que el Gobierno instara al embajador de Estados Unidos en el país a dejar de utilizar el término 'rohingya', lo que se suma a la negativa de Suu Kyi de hablar en nombre de la comunidad musulmana, que se enfrenta a una continua represión en el país.

El problema ha sido observado de cerca por los adeptos de Suu Kyi en Occidente. La LND se enfrenta a unas grandes expectativas tanto en el país como en el extranjero, pero la decisión de carácter autocrático llevada a cabo por la ganadora del premio Nobel de la Paz dificulta la lectura de sus verdaderas intenciones.

"Nos preocupa que la LND esté apresurándose con esto", ha manifestado David Mathieson, uno de los investigadores principales de la ONG Human Rights Watch (HRW) en Rangún. "El proyecto de ley debería garantizar el derecho a la manifestación, y no hay ningún motivo por el que deba incluir penas contra los manifestantes", ha añadido Mathieson.

Hay otras leyes, como el Código Penal, que regulan las violaciones potenciales llevadas a cabo por los manifestantes y la nueva ley sólo facilitaría a las autoridades la posibilidad de sofocar manifestaciones pacíficas, según ha destacado.

La inquietud aumenta mientras Estados Unidos decide si extender o no las sanciones impuestas a Birmania. El embajador de Estados Unidos en el país, Scot Marciel, ha aseverado esta semana que el respeto por los Derechos Humanos constituye un factor importante a tener en cuenta.

CAMBIOS EN LA LEY

El proyecto de ley elimina algunas restricciones existentes en la actual legislación, como el artículo que hace referencia a la posibilidad de que los activistas puedan ser acusados en múltiples ocasiones por los mismos cargos, lo que aumentaba la posibilidad de imponer penas más largas.

Este método fue puesto en práctica en 2015 contra estudiantes que se manifestaron en marzo en la capital del país, algunos de los cuales se enfrentaron a más de 50 cargos debido a que el recuento de presuntas ofensas se realizó en cada municipio por el que pasaron.

La nueva ley también cambiaría a 48 horas el plazo límite para poner al corriente a las autoridades sobre las convocatorias de manifestaciones y dejaría fuera la necesidad de conseguir consentimiento policial para ello. Aún así, los estudiantes consideran que los cambios no son suficientes.

"Creo que las leyes que restringen el derecho a manifestarse no deberían existir", ha comentado el líder de una de las mayores asociaciones de estudiantes del país, Zayar Lwin, que ha expresado que siempre que haya algún tipo de restricción "será difícil para nosotros aceptar la situación".

El miembro del comité de la Cámara Alta encargado de llevar a cabo el proyecto de ley del LND, Aung Thein, ha negado que tales restricciones existan. "En el pasado había que pedir permiso con al menos cinco días de antelación para manifestarse. Ahora, solo tienen que notificarlo dos días antes", ha explicado.

También hubo un tiempo en que se tomaban represalias contra los manifestantes, mientras que actualmente "las acciones tienen que desarrollarse en un plazo de quince días desde el final de las manifestaciones. Después de ese plazo no se puede tomar ningún tipo de medidas", ha añadido Thein.

Laura Haigh, de Amnistía Internacional, ha advertido de que la ley, de promulgarse tal y como está planteada ahora, podría provocar un mayor número de presos de conciencia. "Una suave modificación no debería impedir la garantía total del respeto y protección de la libertad de asociación pacífica", ha manifestado Haigh.

El proyecto ha sido presentado en el Congreso y los diputados tienen hasta el 16 de mayo para formular preguntas. Tras el debate, el proyecto pasará al Senado. La LND, que según el portavoz del comité de la Cámara Baja encargado del proyecto, Tun Tun Hein, ha inspeccionado detenidamente más de 142 leyes, tiene mayoría en ambas cámaras.

Esta revisión incluye la más severa de las leyes impuestas por la junta militar, la Ley de Protección del Estado del Peligro de Elementos Subversivos y el Acta de Provisiones de Emergencia. Las dos leyes constituían fundamentalmente instrumentos de persecución de disidentes y activistas. "Estoy seguro de que estas leyes serán revocadas completamente tras la discusión en el Parlamento", ha añadido Tun Tun Hein.