Los integristas conmemoran sus tres años en el poder con la entrada en vigor de una ola de prohibiciones sin precedentes
MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
La entrada en vigor el pasado jueves en Afganistán de la llamada "Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio" supone la consolidación definitiva de la política de discriminación emprendida por el régimen fundamentalista talibán afgano contra las mujeres del país desde su retorno al poder hace tres años.
La ley, que certifica la decisión adoptada en 2022 por el líder supremo de los talibán, el mulá Hibatulá Ajundzada, constituye el mayor conjunto de restricciones impuestas a una población femenina castigada hasta ahora con la prohibición de la educación secundaria a las niñas, al acceso a la universidad para las jóvenes del país e impedimentos al trabajo humanitario.
La ley consta de un preámbulo, cuatro capítulos y 35 artículos en los que, por ejemplo, la voz de la mujer es declarada "awrah", una parte íntima, que solo puede ser escuchada "en casos de necesidad". Las mujeres del país tendrán prohibido alzar la voz o escuchar música cantada por mujeres, según su artículo 13. Tampoco podrán coger un transporte público sin estar acompañadas por un guardián masculino, ni participar en juegos o cualquier otra forma de entretenimiento, ni adoptar peinados occidentales.
La Policía Moral talibán, los Muhtasib, estarán a partir de ahora autorizados a detener durante un periodo máximo de tres días sin presentar cargos a cualquier mujer que viole estos artículos. que se aplicarán en todo el país y a los cuales deberán someterse los extranjeros residentes en Afganistán.
La nueva ley también inhabilita a los hombres a vestirse con ropa que revele "bultos" en su cuerpo, rodillas incluidas, y les prohíbe recortarse la barba "por debajo de la longitud de un puño".
Otro de los apartados de la ley, concretamente el artículo 22, prohíbe terminantemente a la población el almacenamiento de "imágenes de seres vivos" en sus teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico para impedir la difusión de imágenes de protestas contra las autoridades.
Las minorías religiosas tampoco quedan excluidas de esta serie de restricciones: el Nowruz (el año nuevo persa), una festividad de 3.500 años de antiguedad, ha quedado prohibida en todo el país.
A las reacciones de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se ha sumado en las últimas horas la de la enviada especial de Estados Unidos, Rina Amiri, que ha denunciado la entrada en vigor de la ley como el ejemplo claro de que los talibán "están redoblando las políticas extremas que impusieron en la década de 1990".
"Es un imperativo normativo, económico y de seguridad que la comunidad internacional mantenga su postura y no normalice las relaciones con los talibanes a menos que se produzca una mejora profunda en su conducta en materia de derechos humanos", ha declarado la diplomática.
Las perspectivas de futuro son desoladoras: Human Rights Watch lamentaba esta semana que los talibán "han creado la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo desde que tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021".
El relator especial de las Naciones Unidas sobre Afganistán, Richard Bennett, a quien los extremistas han prohibido la entrada en el país, ha calificado la situación como "un sistema institucionalizado de discriminación, segregación, falta de respeto a la dignidad humana y exclusión de mujeres y niñas".
"Tres años después", remacha Samira Hamidi, responsable de campañas regionales para el sur de Asia en Amnistía Internacional, "la ausencia absoluta de medidas concretas para abordar la catástrofe de los Derechos Humanos en Afganistán es una vergüenza para el mundo entero".
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