El TJUE señala que es competente para tramitar una indemnización contra la misión civil de la UE en Kosovo

BRUSELAS 10 Sep. ( EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado este martes que el propio tribunal es competente "para apreciar la legalidad de los actos u omisiones" no directamente relacionadas con decisiones de la Política Europea de Seguridad Común, después de que unos ciudadanos kosovares pidieran una indemnización a la misión EULEX Kosovo por no investigar delitos de los que habían sido víctimas sus familiares y el Tribunal General de la UE se declarara incompetente para analizar el caso.

De esta forma se pone fin a un litigio en el tribunal europea que se remonta a la guerra en Kosovo cuando la familia cercana de unas personas desaparecidas invocaron ante el Tribunal General de la UE la vulneración de sus derechos fundamentales para presentar una indemnización, desestimada por el tribunal con sede en Luxemburgo en primera instancia, al señalar que carecía de competencia para conocer del asunto.

Todo después de que el Grupo de Revisión de Derechos Humanos de la misión EULEX archivara los expedientes de ambos familiares pese a concluir que se habían violado distintos derechos fundamentales, aunque dejando constancia de que el jefe de EULEX "solo había aplicado parcialmente las recomendaciones" del Grupo.

En este sentido, el TJUE declara que la competencia de la Justicia europea en materia de política exterior común contemplada en los tratados de la UE "no es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva". A su juicio, la inclusión de la política exterior en el marco legislativo europeo hace que se tenga que garantizar el respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, "valores que exigen que las autoridades de la Unión estén sujetas a control judicial".

Así, declara competente a la justicia europea para apreciar la legalidad de los actos u omisiones del ámbito de la política exterior común "que no tengan relación directa con elecciones políticas o estratégicas o para interpretarlos".

Revierte de esta forma el fallo del Tribunal General que se declaró incompetente para conocer del recurso de indemnización y sigue la opinión del Abogado General de la UE que defendió el pasado año que la infracción de los derechos fundamentales no puede ser una "opción política" en la UE y sus órganos de Justicia deben ser competentes para garantizar que las decisiones de la política exterior "no cruzan líneas rojas".