Un total de 14 países de la UE acuerdan una norma común para agilizar los divorcios internacionales

LUXEMBURGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 países de la Unión Europea, entre ellos España, acordarán una norma común sobre la ley aplicable a los divorcios internacionales, cuyo objetivo es reducir los costes y agilizar los procedimientos.

Los ministros de Justicia de los Veintisiete autorizaron lanzar este mecanismo de 'cooperación reforzada', que se utiliza por primera vez, y que permite que un grupo de países avance más rápido que el resto, consagrando así la Europa a dos velocidades.

Además de España, los países que avanzarán más rápido en materia de divorcios internacionales son Austria, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia, Alemania, Bélgica, Letonia, Malta y Portugal. Grecia, que iba a participar en un primer momento, ha decidido retirarse, mientras que Chipre ha dado a entender que podría sumarse en un futuro próximo.

El mecanismo de 'cooperación reforzada' --similar al procedimiento que se utilizó para lanzar el euro o el espacio sin fronteras Schengen-- se utilizará para los divorcios internacionales porque Suecia ha vetado que la UE apruebe una ley en esta materia. Las autoridades suecas alegaron que no quieren que un tribunal suyo aplique una ley de otro país. Como la legislación de la UE sobre derecho de familia exige unanimidad, la única manera de sortear este bloqueo es mediante la cooperación reforzada.

Cada año, alrededor de 140.000 parejas internacionales se divorcian en la UE, cifra que representa el 19% del total de las separaciones, según los datos de Bruselas. La Comisión pretende reforzar la seguridad jurídica en estos casos para determinar cuestiones como quién se quedará con la custodia de los hijos o cómo se repartirá el patrimonio.

En la actualidad, las normas sobre divorcios internacionales varían mucho de un Estado a otro. Ello facilita que el cónyuge que puede permitirse los costes del viaje y los gastos del abogado acude al tribunal donde obtendrá el mejor resultado, en perjuicio del cónyuge más débil y a menudo en perjuicio de los hijos.

Además, los conflictos de leyes dan lugar a situaciones de especial complejidad jurídica y numerosos costes, dificultando los divorcios de mutuo acuerdo y los divorcios ya previstos, según la Comisión.

La nueva norma sobre divorcio --que ahora debe ser aprobada por unanimidad por los 14 países que participan en la cooperación reforzada y a la que podrá sumarse en el futuro cualquier Estado que lo desee-- pretende proteger a los cónyuges más débiles para que no se vean perjudicados por estas maniobras y simplificar y agilizar los procedimientos estableciendo normas claras sobre la legislación aplicable.

La propuesta de Bruselas permite a los cónyuges escoger la ley aplicable a su divorcio. En los casos en que no haya acuerdo entre los esposos sobre la ley aplicable, la Comisión propone una serie de criterios basados en la proximidad. En primer lugar, se dará prioridad a la normativa del país de residencia habitual. Si ya no viven juntos, a la del último lugar de residencia conjunta. Si nadie vive ya allí se aplicaría la legislación de la nacionalidad común de los cónyuges, y si son de países distintos, la del tribunal al que se acuda.

El borrador señala que los tribunales europeos pueden negarse a aplicar una ley de divorcio, aunque esté pactada por las partes, que contenga discriminaciones por razón de sexo. La norma no pretende en ningún caso armonizar las legislaciones nacionales sobre el divorcio, que son muy variadas. El caso más extremo es el de Malta, cuya legislación no permite el divorcio, aunque sí reconoce las sentencias de divorcio dictadas por tribunales extranjeros.

TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Los ministros de Justicia de la UE aprobaron además, pendiente de ratificación de la Eurocámara, una norma para reforzar la lucha contra la trata de seres humanos, de las que son víctimas varios cientos de miles de personas al año en Europa. La nueva legislación endurece las penas (fija un mínimo de 5 años que se eleva a 10 años en el caso de que concurran circunstancias agravantes) y garantiza que se juzgue a los delincuentes incluso cuando cometan los delitos en el extranjero.

Permitirá a la policía intervenir teléfonos, realizar escuchas y utilizar otros medios similares a los utilizados para luchar contra la delincuencia organizada. Las víctimas recibirán alojamiento, atención médica, protección policial y asistencia letrada gratuita.

Finalmente, los Veintisiete acordaron la norma promovida por la presidencia española de la UE para garantizar a los acusados el derecho a la interpretación y a la traducción en procesos penales fuera de su país de origen, que ya ha sido pactada también con la Eurocámara. Esta directiva fue causa de un enfrentamiento entre España y la Comisión Europea, que consideraba que el texto español no se ajustaba a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos y presentó incluso una propuesta alternativa.

No obstante, la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha acabado sumándose al acuerdo.