El TPI dicta órdenes de arresto contra Netanyahu y su antiguo ministro de Defensa por crímenes de guerra

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Sigue en directo las últimas noticias sobre la guerra en Gaza y Líbano

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La corte ordena detener también al líder del brazo armado de Hamás tras dar por muertos a Haniye y Sinwar

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado este jueves sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada hace más de un año sobre la Franja de Gaza.

La corte de La Haya, que ha rechazado los recursos presentados por Israel y ha dictaminado que tiene jurisdicción en el caso, cree que hay evidencias de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a la población gazatí sin elementos "indispensables para su supervivencia" y de bloquear la entrada de ayuda, obstaculizando además la labor de las organizaciones humanitarias.

Los jueces creen que Netanyahu y Gallant pueden ser "penalmente responsables" por utilizar el hambre como método de guerra, así como de asesinatos, otros actos inhumanos y persecución que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad. Les recrimina, además, que bajo su mando puedan haberse cometido ataques indiscriminados contra la población civil.

En el caso de Gallant, la orden le llega ya fuera del Ministerio de Defensa, puesto que fue cesado a principios de este mismo mes por Netanyahu tras las aparentes disputas entre ambos a cuenta de la estrategia a seguir tanto en el frente de Gaza como en el de Líbano, donde Israel libra también combates con el partido-milicia chií Hezbolá.

LÍDER DEL BRAZO ARMADO DE HAMÁS

La corte ha ordenado también este jueves la detención del jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif', después de que otros dirigentes del grupo islamista señalados previamente, Yahya Sinwar e Ismail Haniye, hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes.

Al líder de las Brigadas Ezzeldín al Qassam se le acusa de varios crímenes contra la humanidad --asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual-- y de guerra --asesinato, tratos crueles y tortura, toma de rehenes, atrocidades contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual-- que se remontarían a los atentados del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas.

La Fiscalía del TPI había solicitado el arresto de todos ellos el pasado mes de mayo, por lo que el ámbito de los crímenes investigados irá de octubre de 2023 hasta la fecha de intervención de la oficina que dirige el fiscal Karim Khan, que en los últimos meses había reclamado en varias ocasiones al tribunal que se pronunciase cuanto antes sobre esta causa.

VIAJES LIMITADOS

En cualquier caso, en el actual contexto parece complicado que se puedan ejecutar las órdenes de arresto dictadas este jueves, habida cuenta de que el TPI no dispone de elementos propios y depende de la colaboración policial de los Estados firmantes del Estatuto de Roma, dentro de los cuales no figura Israel ni tampoco su principal valedor internacional, Estados Unidos.

Así, Netanyahu técnicamente podría seguir viajando a otros países siempre y cuando no pisase uno de los 124 países que integran el TPI. Desde los atentados del 7 de octubre, sólo ha viajado en dos ocasiones al extranjero, en ambos casos a Estados Unidos: en julio para una visita oficial y en septiembre con motivo de la principal sesión de la Asamblea General de la ONU.

Antes de los citados atentados sí era más habitual que realizase visitas a otros países y en 2023 realizó varios viajes que le llevaron, por ejemplo, a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, todos ellos firmantes del Estatuto de Roma.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre quien también pesa una orden de arresto por crímenes en Ucrania, llegó a visitar este año Mongolia con la connivencia de las autoridades locales, que técnicamente sí debían acatar los dictámenes de la corte.