Un tribunal de Bahréin aplaza hasta noviembre el juicio contra un destacado líder opositor

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Bahréin ha aplazado este lunes hasta el 12 de noviembre el juicio contra el exsecretario general de la opositora Sociedad Nacional de Acción Democrática, Ibrahim Sharif, acusado por cargos relacionados con su libertad de expresión.

Las autoridades arrestaron a Sharif el 11 de julio, un día después de un discurso en el que criticó al Gobierno y pidió la introducción de reformas. El Ministerio del Interior ha dicho que el opositor incitó al odio y a derrocar el Gobierno, por lo que se enfrenta a una pena máxima de diez años de cárcel.

Sharif fue condenado a cinco años de cárcel en junio de 2011 por cargos falsos sobre "terrorismo" y a pesar de las denuncias de que fue torturado durante el periodo previo al juicio. Fue liberado el 19 de junio, unas semanas antes de ser arrestado de nuevo.

Así, el presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR), Nabil Rayab, ha subrayado que "los líderes opositores pacíficos como Sharif deberían estar sentados en la mesa de negociaciones con el Gobierno, y no siendo sometidos a un acoso judicial".

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.