Un tribunal ordena a Zuma que cree una comisión judicial sobre tráfico de influencias en su Gobierno

PRETORIA 13 Dic. (Reuters/EP) -

El Tribunal Superior de Pretoria ha fallado en contra del recurso presentado por el presidente del país, Jacob Zuma, y ha determinado que deberá crear en el plazo de 30 días una comisión de investigación judicial sobre tráfico de influencias en el Gobierno.

El fallo supone un nuevo varapalo judicial para el presidente Zuma, que había presentado un recurso ante el tribunal para no tener que cumplir la recomendación de un organismo anticorrupción, que le había instado a crear una comisión de investigación sobre las influencias en el Ejecutivo.

El presidente del Tribunal Superior de Pretoria, Dunstan Mlambo, ha dicho que el recurso del mandatario contra la creación de la comisión de investigación ha sido "desacertado" e "imprudente" y que supone un abuso en el proceso judicial.

Zuma había recurrido el derecho del Defensor del Pueblo --la agencia anticorrupción del país-- a pedir una investigación judicial y también la decisión del Tribunal Supremo de nombrar a un juez para liderar dicha comisión. El presidente sudafricano argumentó en su recurso que le corresponde a él como jefe del Estado crear una comisión de investigación.

Se desconoce si Zuma va a recurrir el fallo del Tribunal Superior de Pretoria. El mandatario ha superado varias mociones de confianza en el Parlamento.

En octubre, el Tribunal Supremo de Apelaciones decidió mantener la decisión de un tribunal inferior de reinstaurar los cerca de 800 cargos de una denuncia contra Zuma por un acuerdo de armamento que es anterior a su llegada a la Presidencia sudafricana, en 2009.

La inestabilidad política y la incertidumbre sobre quién sustituirá a Zuma al frente del Congreso Nacional Africano, que este fin de semana elige al nuevo líder, han llevado a que la valoración de la deuda sudafricana sea rebajada hasta el nivel de bono basura.

El Defensor del Pueblo recomendó en un informe publicado hace un año que se abriera una comisión de investigación judicial sobre posible tráfico de influencias en el Gobierno de Zuma por las actividades de una familia adinerada amiga del mandatario, los Gupta.

Varios medios de comunicación sudafricanos han informado de que los Gupta han llegado a influir hasta el punto de determinar el nombramiento de varios ministros del Gobierno. Zuma y los Gupta han rechazado esas acusaciones.

COSTE DEL PROCESO

En su fallo de este miércoles, el Tribunal Superior de Pretoria ordena a Zuma que asuma el coste del proceso judicial y ha asegurado que la conducta del presidente ha sido "inaceptable" y se aproxima a "un claro abuso de poder" frente a un proceso judicial.

El juez Mlambo ha subrayado que una comisión judicial es el órgano más adecuado para aclarar las acusaciones contra el presidente del país. "Las acusaciones detalladas en el informe son extremadamente graves", ha recalcado.

El tribunal ha ordenado que cuando se cree la comisión judicial deberá completar su trabajo y presentarlo a Zuma en un plazo de 180 días. El mandatario deberá entonces informar al Parlamento sobre lo que hará teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación judicial en el plazo de catorce días desde la recepción del informe.

El líder opositor sudafricano, Mmusi Maimane, que estaba presente en la lectura del fallo, ha celebrado la resolución del Tribunal Superior de Pretoria. "El fallo fija un calendario. Confiamos en que llegue hasta el fondo de esto", ha señalado, antes de dejar claro que su partido se opondrá a cualquier recurso que pueda presentar Zuma.

Thuli Madonsela, la autora del informe del Defensor del Pueblo, ha subrayado que las acusaciones contra el presidente tienen que ser investigadas "de inmediato". En su informe, titulado 'Estado de Captura, Madonsela señaló que no tenía recursos suficientes para aclarar lo sucedido y recomendaba que las influencias fueran investigadas por una comisión de investigación.

El viernes pasado, el Tribunal Superior de Pretoria dictaminó que el nombramiento del fiscal general realizado por Zuma no era válido y que debe posponerse. El presidente sudafricano ha recurrido también esa decisión judicial.