LA HAYA, 4 Dic. (Reuters/EP) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a uno de sus abogados personales para intentar bloquear las medidas presentadas ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar los posibles crímenes de guerra cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensoda, ha reabierto otra vez una investigación formal contra las supuestas atrocidades que el Ejército de Estados Unidos habría realizado en Afganistán durante el conflicto entre 2003 y 2004, después de que sus colegas de la corte rechazaran su petición en abril.
Por su parte, el letrado personal de Trump, Jay Sekulow, quien acude como independiente y bajo el título de "amigo del tribunal", ha manifestado que su único interés reside en defender los intereses de los miembros del Ejército estadounidense, quienes "sacrifican todo por nuestra defensa".
"Nuestras tropas se enfrentan a una nueva amenaza insidiosa, ya que la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional está buscando jurisdicción para procesar a nuestros soldados por cargos de crímenes de guerra después de haber arriesgado sus vidas en la guerra contra el terrorismo", ha aseverado.
Trump, quien ha acusado en varias ocasiones al TPI por sus "poderes fiscales amplios e irresponsables", retiró en abril el visado que permitía a Bensouda moverse libremente por Estados Unidos, país que no forma parte de este tribunal, único en el mundo en condenar crímenes de guerra y de lesa humanidad de manera permanente.
Los fiscales liderados por la jurista gambiana han presentado evidencias que sugieren que tanto el Ejército de Estados Unidos como el resto de fuerzas internacionales desplegadas en Afganistán entre 2003 y 2004, cometieron abusos psíquicos y físicos contra los detenidos, hechos que podrían ser constituidos como crímenes de guerra.
EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
El TPI fue inaugurado en 2002 y tiene jurisdicción para condenar crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio si han sido cometidos por ciudadanos de un estado signatario o si tuvieron lugar en el territorio de uno de sus 123 miembros, incluido Afganistán.
Se trata de un tribunal de último recurso, cuando se descubre que un país o bien no puedo, o no quiere, llevar a cabo las investigaciones pertinentes tras ser denunciado, y que no suele contar con el apoyo de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, o China, que se sirven su derecho a veto en Naciones Unidas para frenar cualquier tipo de iniciativa del TPI.
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