Túnez juzgará por "terrorismo" a doce opositores del partido islamista Ennahda, incluido un alto cargo

Manifestantes en Túnez con una bandera del país
Manifestantes en Túnez con una bandera del país - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad
Publicado: sábado, 18 mayo 2024 2:59

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelaciones de Túnez ha decidido enviar a juicio a doce políticos opositores pertenecientes al partido islamista Ennahda, incluido a su vicepresidente, Mondher Unissi, que se encontraba previamente detenido, por cargos de "terrorismo", en el marco de un aumento de la persecución contra figuras opositoras en el país.

Además, el tribunal se ha negado a liberar a Unissi, que será juzgado junto a Rafik Buchalaka, Scheherazade Okasha, Ahmed Qalul, Al Taher Bubahari, Reda Idris, Moaz al Jereiyi, Maher Zaid, Mohamed Fathi al Ayadi, Mohamed al Samiti y otros dos individuos que no han sido identificados, según ha confirmado el portavoz del Tribunal de Apelaciones de Túnez, Habib Tarjani, a la emisora tunecina Mossaique.

Esta misma semana, la conocida abogada y periodista tunecina Sonia Dahmani ha sido detenida en la sede del Colegio de Abogados de Túnez. Según medios de comunicación tunecinos, Dahmani ha sido acusada de difundir informaciones falsas y realizar comentarios sarcásticos sobre la situación actual en el país. A mediados de abril, un tribunal de primera instancia de Túnez imputó a varios líderes opositores por actos de "terrorismo".

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de dos años una deriva autoritaria del presidente del país, Kais Saied, y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas, así como las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.

Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por la formación islámica Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.

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