Turquía cifra en solo 15.000 las personas apartadas de sus cargos por su conexión con el fallido golpe

Amnistía Internacional mantiene la cifra en 130.000, contando todas las peticiones presentadas por los despedidos para regresar a su trabajo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Turquía,, Hulusi Akar, ha confirmado que más de 15.000 personas, entre altos cargos militares, periodistas, profesores, jueces, abogados y otros funcionarios, han sido despedidas desde el fracaso del golpe de Estado de julio de 2016 en Turquía como parte de las investigaciones la organización que lidera el clérigo exiliado Fetulá Gulen, acusado de orquestar la intentona.

"Después del intento de golpe traidor del 15 de julio, nos pusimos manos a la obra para expulsar a los miembros de (la organización) FETO", ha explicado Akar a la agencia estatal Anadolu. "Como parte de esta iniciativa, hasta la fecha, 15.153 personas, 150 de las cuales eran generales y almirantes, han sido despedidas".

"Estamos decididos e impulsados a llegar a donde haga falta para poner fin a esto. Estamos listos para hacer lo que sea necesario cuando surjan nueva información y documentos", ha agregado.

LAS ONG MULTIPLICAN LA CIFRA CASI POR DIEZ

Amnistía considera que la cifra real es vastamente superior: unos 130.000 funcionarios que "un futuro incierto", según ha denunciado Amnistía Internacional, que ha reclamado "justicia" para todas estas personas despedidas "arbitrariamente".

Médicos, policías, profesores y otros funcionarios han sido apartados de sus puestos en estos últimos años mediante decretos por su supuesto vínculo con "grupos terroristas", en particular por su relación con la red que lidera el clérigo exiliado Fethulá Gulen, señalado como 'cerebro' de la intentona golpista.

El director de investigación sobre Turquía de Amnistía, Andrew Gardner, ha denunciado que las vidas de estas personas "etiquetadas de 'terroristas' y despojadas de sus medios de vida" han quedado "destrozadas", a la espera de una justicia que no termina de llegar.

En este sentido, ha puesto en duda la labor de la Comisión de Investigación sobre el Estado de Excepción designada en enero de 2017 para revisar los despidos, toda vez que se limita a dar el visto bueno retroactivo a unas decisiones "injustas". "Todo el proceso es una vergonzosa afrenta a la justicia", ha criticado en un comunicado.

Las justificaciones de la comisión para los despedidos girarían en torno a actividades "totalmente legales" de los perjudicados, ha denunciado Amnistía. Así, se han esgrimido actividades como depositar dinero en determinado banco, pertenecer a ciertos sindicatos o descargar una aplicación concreta para el teléfono como prueba de los lazos 'gulenistas'.

Todo ello se ha traducido en que, hasta el 5 de octubre, de las 125.000 solicitudes presentadas, la Comisión había tomado una decisión en 36.000 de los casos y, de ellas, tan solo se ha revocado el cese 2.300, menos del 7 por ciento del total.