La UE avisa que la nueva ley egipcia que dificulta labor de las ONG afectará a la ayuda europea

BRUSELAS, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha avisado este miércoles de que la nueva ley egipcia sobre ONG afectará a la ayuda europea para Egipto, dado que "una gran parte" de la misma se canaliza a través de estas organizaciones.

"Algunas de las disposiciones, tales como las relacionadas con el proceso de registro, las actividades autorizadas a las ONG y el procedimiento para recibir financiación doméstica y extranjera, probablemente afectarán directamente a la asistencia a la cooperación europea para Egipto", ha avisado además el servicio diplomático europeo en un comunicado, en el que recuerda que "una gran parte" de la ayuda europea se canaliza a través de las ONG.

Al margen de su impacto para la ayuda europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior ha alertado de que la nueva ley "seguramente supondrá una carga adicional para las actividades de las ONG y restringirá el espacio para el debate y la discusión en el país" pero, también, podría hacer "más difícil" la participación de la sociedad civil.

"Una sociedad civil floreciente, capaz de trabajar en buenas condiciones, es importante para el desarrollo democrático y económico y para ayudar a construir la estabilidad política", ha avisado un portavoz del SEAE.

En este contexto, la UE ha dejado claro que espera que el Gobierno egipcio "respete todas las garantías consagradas en la Constitución egipcia y en el Derecho Internacional", incluida la libertad de expresión y de asociación y aplique la nueva ley sin "intimidar, restringir o criminalizar" a activistas "pacíficos" de derechos humanos y de la sociedad civil.

"Egipto es un socio importante para la UE y seguimos comprometidos en reforzar nuestra cooperación bilateral y en perseguir un diálogo constructivo en todos los ámbitos de nuestra cooperación", asegura el Servicio diplomático que dirige Federica Mogherini.

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha promulgado este lunes la ley sobre ONG pese a las duras críticas de los grupos de defensa de los Derechos Humanos porque consideran que prohíbe 'de facto' cualquier actividad y dificulta gravemente las acciones de las organizaciones caritativas.

En concreto, la normativa restringe la actividad a los ámbitos del desarrollo y el trabajo social y prohíbe que las ONG "cooperen de alguna manera con cualquier organismo internacional sin la aprobación necesaria". Además, contempla penas de hasta cinco años de cárcel por incumplimientos.