Bruselas recuerda a Islamabad que su acuerdo de asociación implica el respeto a un convenio internacional sobre derechos políticos
MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea ha avisado este domingo a las autoridades paquistaníes que las recientes sentencias promulgadas por tribunales militares contra 25 civiles participantes en las protestas de mayo para exigir la liberación del ex primer ministro y líder opositor, Imran Jan, contravienen un convenio internacional del que forma parte indirecta el país asiático a través de sus vínculos con Bruselas.
Las sentencias han generado una fuerte polémica en Pakistán, donde la oposición ha condenado la decisión del Tribunal Supremo de otorgar competencias a las cortes militares para juzgar a los simpatizantes de Jan que se manifestaron frente a las bases del Ejército, al que acusan de conspirar contra el exmandatario.
En su comunicado de este domingo "la Unión Europea observa con preocupación las condenas" y considera que "estos veredictos son incompatibles con las obligaciones que Pakistán ha asumido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)".
La UE indica en este sentido que Pakistán es un país beneficiario del llamado Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) y, como tal, ha acordado voluntariamente aplicar de manera efectiva 27 convenios internacionales fundamentales, incluido el PIDCP, para seguir beneficiándose de este estatus.
"De conformidad con el artículo 14 del PIDCP, toda persona tiene derecho a un juicio justo y público ante un tribunal independiente, imparcial y competente, y tiene derecho a una representación legal adecuada y efectiva", recuerda Bruselas.
El Gobierno paquistaní, que ha defendido la actuación del Supremo, asegura que había pruebas de sobra para condenar a los manifestantes, a quienes ha acusado de formar parte de una operación contra el Estado y merecedores de un juicio militar por amenazar posiciones del Ejército.
Los militares, la verdadera fuerza dominante del país, han celebrado la sentencia pero han querido puntualizar que "todos los condenados conservan el derecho de apelación y otros recursos legales, tal como lo garantizan la ley y la Constitución".