Bruselas espera que el Parlamento ucraniano apruebe "sin dilación" la norma para levantar el veto a las exportaciones de madera
BRUSELAS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha dado luz verde este jueves al desembolso del segundo tramo de 600 millones de euros de la asistencia macrofinanciera o préstamo acordado por la UE a Ucrania en abril de 2015 para ayudarle a cubrir sus necesidades de financiación a cambio de reformas estructurales, tras constatar que ha cumplido "en gran parte" sus compromisos para recibir la ayuda.
El Ejecutivo comunitario recabará ahora los 600 millones en los mercados de capitales internacionales, a fin de poder desembolsarlos a finales de marzo o principios de abril.
Eso sí, la Comisión ha avisado a Kiev de que espera que la legislación para levantar el veto a la exportación de madera remitida al Parlamento ucraniano "sea adoptada sin dilación", dado que era una de las condiciones para desembolsar la ayuda.
"La Comisión seguirá de cerca los acontecimientos y vigilando la aplicación (de las reformas) de forma estrecha", ha avisado el Ejecutivo comunitario.
Con estos nuevos fondos, Ucrania habrá recibido ya un total de 2.810 millones de euros en créditos de la Unión Europea desde el inicio de la crisis en 2014, que le sitúan como el primer país extracomunitario más beneficiado de la asistencia macrofinanciera europea, con tres programas de ayuda en total.
La ayuda incluye 1.610 millones desembolsados entre 2014 y 2015, dentro de los dos programas de asistencia macrofinanciera anteriores y otros 1.200 millones del tercer programa de ayuda.
Kiev recibirá el último tramo de 600 millones de la ayuda prevista del último programa una vez que cumpla las medidas específicas acordadas. El crédito expira en enero de 2018, por lo que el Ejecutivo comunitario ha avisado a Kiev de que resulta "esencial" que cumpla "todas las medidas políticas acordada con la UE a tiempo, para garantizar que el desembolso final pueda tener lugar en el calendario previsto".
Las reformas pactadas incluyen medidas para reforzar la lucha contra la corrupción y garantizar una mayor transparencia en la gestión de las finanzas públicas y modernizar la administración pública, así como para reformar sus sectores energético y económico, mejorar el clima empresarial y reforzar el sistema de seguridad social.