RANGÚN/WASHINGTON, 9 Oct. (Reuters/EP) -
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos están valorando la posibilidad de imponer sanciones contra altos cargos del Ejército de Birmania por su papel en la ofensiva militar en el estado de Rajine (oeste), que ha dejado más de 500.000 rohingya refugiados en Bangladesh.
Entrevistas realizadas por la agencia británica de noticias Reuters a más de una decena de diplomáticos y funcionarios en Washington, Rangún y Europa revelan que las sanciones figuran entre las opciones barajadas en respuesta a la ofensiva.
Sin embargo, por el momento no se ha adoptado ninguna decisión al respecto, mientras se discute también la posibilidad de aumentar la entrega de ayuda humanitaria en Rajine.
El Consejo de Ministros de Exteriores de la UE abordará el 16 de octubre la situación en Birmania, si bien no se espera que se adopte una decisión sobre las sanciones de cara a esa fecha.
La ministra para la Cooperación de Dinamarca, Ulla Tornaes, ha resaltado que Copenhague ha estado trabajando para tratar la crisis durante dicho encuentro "con la esperanza de aumentar la presión sobre el Ejército (de Birmania)".
Por su parte, funcionarios estadounidenses con conocimiento de las deliberaciones han asegurado que se están evaluando sanciones contra el comandante en jefe del Ejército birmano, Min Aung Hlaing, y otros generales, así como contra los líderes de milicias budistas de Rajine.
Las sanciones, en caso de ser aplicadas, incluirían congelación de fondos, prohibiciones de viaje, prohibiciones a ciudadanos estadounidenses para hacer negocios con los afectados y otras medidas no especificadas.
Naciones Unidas ha reclamado un aumento de la entrega de ayuda humanitaria en Rajine, donde siguen residiendo cientos de miles de miembros de la comunidad rohingya.
Asimismo, los países de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) están presionando en la Asamblea General de la ONU para aprobar una resolución sobre Derechos Humanos en Birmania.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) elevó el martes a 509.000 el número de rohingya que ha huido del estado de Rajine hacia Bangladesh, en el marco de la crisis en la región.
Los rohingya han llegado a Bangladesh huyendo de Rajine desde el 25 de agosto, cuando una serie de ataques por parte de milicianos de esta comunidad contra puestos de seguridad desencadenaron una operación militar a gran escala que ha dejado al menos 400 muertos. Esta operación ha sido denunciada por la ONU como "limpieza étnica".
Bangladesh y la inmensa mayoría de la comunidad internacional han reclamado a Birmania que acoja de nuevo a los rohingya que han huido del país, tras lo que la líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, se ha mostrado dispuesta a iniciar un proceso de verificación, si bien los términos no están claros.
LA CRISIS EN RAJINE
Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha recordado recientemente que los rohingyas llevan décadas despojados de sus derechos civiles y políticos, también de los derivados de la ciudadanía.
En febrero, la oficina de Al Hussein publicó un informe basado en entrevistas a rohingyas que huyeron a Bangladesh por otra operación militar birmana que, según el alto comisionado, ya "sugería" que había ataques "generalizados y sistemáticos" contra los rohingyas, llegando a alcanzar "posiblemente" la consideración de "crímenes contra la Humanidad".
Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha hecho frente a numerosas críticas por su postura durante la crisis y ha llegado a denunciar la existencia de "un gran iceberg de desinformación" para "crear problemas" y "beneficiar los intereses de los terroristas".
Así, condenó la semana pasada los abusos en el estado de Rajine pero no realizó alusiones a la limpieza étnica que estarían llevando a cabo las fuerzas de seguridad del país, según denunció la ONU, lo que ha provocado una respuesta fría de la comunidad internacional.
Las autoridades birmanas aseguran que las operaciones en Rajine tienen como objetivo luchar contra "terroristas", pese a las denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles, entre ellos niños.