BRUSELAS, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de la Unión Europea han dado este lunes su luz verde al inicio del trabajo técnico para diseñar un régimen de sanciones global que permita al bloque reaccionar con más agilidad ante violaciones graves de los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo.
"Existe un fuerte consenso para lanzar el trabajo preparatorio y el Servicio Europeo de Acción Exterior va a preparar la documentación para iniciar el trabajo", ha anunciado en una rueda de prensa en Bruselas el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, al término de la reunión de ministros de Exteriores de la UE.
Borrell comenzará estos trabajos a petición de "varios Estados miembros" y tras escuchar que varios eurodiputados también le plantearon demandas en este sentido en una comparecencia en la Eurocámara la semana pasada.
El jefe de la diplomacia europea ha insistido en que este paso se da tras constatar que hay un "consenso suficiente" entre los Estados miembros, aunque ha señalado que es solo el inicio del trabajo técnico y que hay países que siguen teniendo "preguntas, dudas", sobre las que trabajar.
En cualquier caso, Borrell ha explicado que el objetivo es contar con una herramienta que permita a la Unión Europea tener un mayor margen de reacción ante violaciones graves y actuar con el visto bueno del Consejo.
Aunque no ha dado más detalles sobre el proyecto, Borrell ha apuntado que el régimen en el que se piensa será el "equivalente europeo" a la Ley Magnitsky sobre Responsabilidad en Derechos Humanos que existe en Estados Unidos y que permite a su presidente imponer sanciones a ciudadanos extranjeros por casos graves de corrupción y violación de Derechos fundamentales.
PRIORIDADES DEL MANDATO DE BORRELL
El Consejo de ministros de Exteriores de la UE de este lunes ha sido el primero para Borrell como Alto Representante y ha sido la oportunidad para presentar sus prioridades para el mandato de cinco años que comienza ahora, y durante el que cree vital cuidar la "unidad" de lo bloque, porque "no podemos pretender ser un actor global si no tenemos posiciones comunes", según ha dicho a la prensa a su llegada a Bruselas.
Borrell ha presentado a los ministros sus prioridades en una carta en la que, entre otras claves, el nuevo jefe de la diplomacia europea apunta a la necesidad de "hablar más el lenguaje del poder" para defender y promover los intereses y valores comunes.
"Necesitamos hablar más el lenguaje del poder, no para conquistar sino para contribuir a un mundo más pacífico, próspero y justo", ha escrito Borrell en su carta a los Veintiocho.
Preguntado por ello a su llegada a la reunión, Borrell ha indicado a la prensa que "aprender lenguaje del poder" supone ser capaz de actuar "utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, que son muchos, para tener una posición en el mundo".
Otra de las prioridades del nuevo Alto Representante es dar un papel más relevante a América Latina, región que vive una situación "mucho más crítica que antes del verano" por las crisis políticas y sociales que se están viendo en países como Chile, Bolivia, Ecuador o Venezuela.
La situación convulsa en Bolivia, de hecho, ha sido uno de los asuntos abordados por los Veintiocho este lunes porque preocupa a la Unión Europea y porque la delegación europea en el país está realizando un "intenso trabajo de mediación" para llamar a las partes a la contención y evitar una escalada de la violencia.
Borrell ha lamentado que no se haya celebrado ninguna reunión de alto nivel entre la Unión Europea y países latinoamericanos en los últimos cinco años y se ha comprometido a trabajar durante su mandato para "corregir" esta situación.
Otro reto para Borrell será impulsar las relaciones con África en base a una estrategia más amplia que no se apoye únicamente en las políticas de cooperación y desarrollo y gestión migratoria, sino en una relación entre socios con retos comunes.
"Está claro que no podemos tener una estrategia sobre África sin África", ha dicho Borrell, para quien "sin duda" la migración y la muerte de cientos de personas que tratan de llegar a la UE cruzando el Mediterráneo es "un grave problema", pero no es el único que deben abordar las dos regiones.