MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea (UE) ha pedido este lunes al Gobierno de Birmania que proteja a los periodistas de ser "intimidados, detenidos o procesados" después de una serie de arrestos de reporteros, entre ellos tres detenidos la semana pasada y ha recordado que el derecho a la libertad de expresión y opinión es un derecho humano garantizado a todos los individuos.
"Constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática", ha señalado la UE en un comunicado, señalando que es, además, una de las condiciones básicas para el progreso y desarrollo" de un país sobre la base del estado de derecho.
En este contexto, el bloque europeo ha exigido al Gobierno birmano que ofrezca la "protección legal necesaria" para los periodistas detenidos de modo que puedan "trabajar en un ambiente libre y libres de intimidación, arrestos o procesamientos".
"La libertad mediática, la independencia y el pluralismo están en el corazón de toda democracia", ha subrayado, antes de ofrecer el apoyo tanto del organismo como de todos sus miembros en lo que ha calificado como una "tarea fundamental".
El Ejército detuvo el 26 de junio a siete personas, entre ellos los tres periodistas, después de cubrir un evento de quema de drogas organizado por el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), un grupo étnico armado que las autoridades de Naipyidó consideran una "asociación ilícita".
Las autoridades acusan a los tres reporteros, que habían viajado a la zona controlada por el grupo étnico para cubrir un acto sobre la erradicación de la droga celebrado en el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito, de estar vinculados al TNLA.
Un portavoz de la consejera de Estado --la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi--, Zaw Htay, ha señalado que todo el mundo "debe ser tratado según establece la ley". La propia Suu Kyi no ha comentado la detención de los periodistas desde que tuvieron lugar.
La UE, por su parte, ha calificado de "preocupante" la cifra de miembros del colectivo periodístico que han sido arrestados y perseguidos por la Justicia birmana en los últimos años.
A pesar de la presión de los grupos de Derechos Humanos y de los países occidentales, el Gobierno de Suu Kyi ha conservado vagamente las leyes de seguridad de la época colonial, que finalizó en 1948, criticadas como una violación de la libertad de expresión.