BRUSELAS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de la Unión Europea han aprobado este viernes recurrir las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) que anularon los acuerdos comercial y pesquero entre el bloque y Marruecos que incluyen al Sáhara Occidental en su aplicación pese a no haber obtenido el consentimiento del Frente Polisario.
Los Veintisiete ya habían dado su visto bueno en un debate el miércoles a nivel de embajadores la semana pasada, pero la decisión todavía tenía que ser confirmada en una reunión de ministros, algo que ha sucedido en el encuentro de Asuntos Exteriores sobre Desarrollo de este viernes como punto sin discusión.
La Justicia europea anuló a finales de septiembre el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos por incluir aguas del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización, así como las ventajas arancelarias que el bloque concede a productos de la antigua colonia española en virtud del acuerdo comercial entre Bruselas y Rabat.
A pesar del fallo, el tribunal de Luxemburgo permitió que ambos acuerdos siguieran vigentes durante un plazo de dos meses y diez días, el mismo que disponían los Estados miembros para plantear un recurso. Ahora, se podrán seguir aplicando tanto el acuerdo pesquero como las ventajas arancelarias a productos saharauis hasta que haya una sentencia definitiva del TUE.
En el fallo de septiembre, el Tribunal General de la UE (el órgano de primera instancia) rechazó en primer lugar los argumentos del Consejo de la UE (los Estados miembros) según los cuales el Frente Polisario carece de capacidad procesal ante el TUE y de legitimidad.
La sentencia, en particular, recalca que ambos acuerdos "tienen efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en su calidad de representante de ese pueblo y de parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio".
SIN EL CONSENTIMIENTO DEL PUEBLO SAHARAUI
Con respecto al fondo del asunto, el TUE confirmó que la UE y Marruecos pueden celebrar un acuerdo aplicable al Sáhara Occidental, puesto que esta posibilidad "no está descartada por el Derecho Internacional". Pero a continuación apunta que "no se ha respetado la exigencia relativa al consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental".
La UE argumentó para defender los acuerdos que había consultado a la "población afectada" y ésta había dado su visto bueno, pero el TUE consideró que "no puede considerarse que las gestiones emprendidas por las autoridades de la UE antes de que se celebraran los acuerdos permitieran obtener el consentimiento" del pueblo saharaui.
Por último, el fallo considera que, a diferencia de lo que defendían los Estados miembros, no era "imposible en la práctica" obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos por la "situación particular" de la antigua colonia española.
La anulación del acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat afecta especialmente a España puesto que es el Estado miembro más beneficiado: de los 128 buques que tienen autorización para pescar en aguas africanas, 92 tienen pabellón español.
Un 91 por ciento de las capturas recogidas en el pacto pesquero con Marruecos provienen de aguas saharauis. A cambio del acceso, la UE paga a Marruecos una media anual de 52 millones de euros cada uno de los cuatro años de vigencia del acuerdo, de los que 12 millones aproximadamente deben ser abonados por los armadores europeos.