La UE sancionará a los políticos libios que bloqueen el proceso de paz

TRÍPOLI/BRUSELAS, 30 Oct. (Reuters/EP) -

Los líderes políticos libios podrían enfrentarse al bloqueo de activos y a sanciones de viaje por parte de la UE si considera que han boicoteado deliberadamente los intentos de negociar un acuerdo de paz entre las facciones combatientes del país, según han informado este viernes fuentes diplomáticas.

"Las sanciones han vuelto a la agenda. La opción de las sanciones de la ONU sería mejor, pero si no podemos hacerlo, lo vamos a hacer a través de la UE. En cualquier momento tendremos que mirar quién reúne las condiciones para estas sanciones", ha explicado un diplomático.

"Estamos en el momento de la verdad, necesitamos liderazgo político para tomar decisiones políticas para que el acuerdo nacional pueda funcionar. Necesitamos ver las consecuencias de aquellos que eviten que eso ocurra", ha afirmado el diplomático.

"Las sanciones son definitivamente parte de la conversación, pero todo será cuidadosamente coordinado con (el enviado especial de la ONU en Libia) Bernardino León y, por ahora, el foco está en la diplomacia", ha asegurado otro diplomático.

Naciones Unidas ha advertido sobre las posibles sanciones y la Unión Europea ha considerado previamente prohibiciones de viajes y bloqueo de activos contra cinco comandantes militares libios que amenazan con violencia al futuro Gobierno.

Las sanciones europeas fueron discutidas por última vez el 20 de octubre en Bruselas por embajadores y por el grupo de trabajo de la UE. Es probable que se aborde de nuevo en la siguiente reunión de los ministros de Exteriores del bloque a mediados de noviembre.

UN GOBIERNO DE UNIDAD

Tras meses de negociaciones, León se ha presentado ante las facciones rivales con el propósito de crear un Gobierno de unidad nacional, pero las líneas duras de ambas partes se han resistido a alcanzar un acuerdo para compartir el poder y las conversaciones se han detenido.

Los diputados de la Cámara de los Representantes en el este de Libia y los parlamentarios rivales del Congreso Nacional General en Trípoli en el este del país han retrasado cualquier votación oficial sobre el acuerdo.

El enviado de la ONU aseguró esta semana que las consultas continúan con ambas partes y ha advertido a líderes de las facciones pequeñas que no obstruyan los intentos de crear un Gobierno de unidad y de llegar a un acuerdo de paz.

Las potencias occidentales aseguran que un acuerdo respaldado por un Gobierno de unidad es la única manera de poner fin al conflicto entre las facciones rivales y sus aliados armados que compiten por el poder desde hacer cuatro años después de que los rebeldes derrocaran a Muamar Gadafi.

Occidente ha presionado a ambas instituciones para que acepten el acuerdo de paz y han prometido más ayuda. Existe una preocupación creciente de que las milicias islamistas y los traficantes de personas hayan ganado terreno en medio del caos que azota el país, el cual está separado de Europa únicamente por el Mediterráneo.

LIBIA, DIVIDIDA

Libia ha caído en el caos con un Gobierno internacionalmente reconocido y elegido por el Parlamento, por un lado, y una Admnistración autonombrada en Trípoli, por el otro. Ambos ejecutivos están respaldados por tribus regionales o facciones islamistas armadas.

Los moderados de ambos bandos apoyan el acuerdo que se ha enfrentado a la resistencia de las líneas duras de ambas partes y de algunos comandantes militares que creen que todavía pueden ganar a través de los combates.

Desde 2014, Trípoli ha estado controlado por Amanecer Libio, una alianza de facciones armadas vinculados con la ciudad de Misrata, y por otros grupos armados islamistas que se han hecho con el control de la capital y ha establecido su propio Gobierno y reinstalado en el antiguo Parlamento.

El Gobierno y el Parlamento reconocidos internacionalmente han operado desde el este, respaldados por una coalición de grupos armados, entre los que se incluye el que dirige el general Jalifa Haftar, que fue aliado del dictador Gadafi.

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de la Cámara electa, la cual terminó su mandato el 20 de octubre, y los críticos también han cuestionado su legitimidad, especialmente después de que los diputados ampliaran su mandato hasta que puedan entregar el poder a otro órgano elegido.