UNICEF pide al Gobierno birmano la liberación de niños rohingya detenidos durante la represión

RANGÚN, 10 Abr. (Reuters/EP) -

El 'número dos' del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Justin Forsyth, reclamó la liberación de los niños rohingya detenidos en Birmania durante la represión que han llevado a cabo las autoridades de esta minoría musulmana, según ha informado este lunes el representante de la agencia de Naciones Unidas en el país, Bertrand Bainvel.

Al menos trece menores, entre ellos niños de hasta 10 años, figuran entre los 400 rohingya detenidos por su presunta colaboración con insurgentes durante la represión a raíz del ataque de insurgentes el pasado 9 de octubre contra tres puestos policiales en el estado de Rajine, en la frontera con Birmania, según ha podido saber Reuters, que ha tenido a acceso a un documento policial.

Los ataques, obra de un grupo hasta ahora desconocido, provocaron la mayor crisis a la que se ha enfrentado el Gobierno que lidera Aung San Suu Kyi desde que llegó al poder hace un año, provocando un éxodo hacia Bangladesh de más de 75.000 rohingya en medio de la represión de las fuerzas de seguridad.

"La cuestión se discutió en los encuentros a alto nivel y UNICEF se sintió animada de que la cuestión era conocida por las autoridades, que espontáneamente compartieron sus preocupaciones y su voluntad de emprender acciones", ha indicado Bainvel.

Forsyth discutió sobre la detención de menores con Suu Kyi y con el jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, durante su reciente visita al país. Por el momento no hay información sobre si los menores serán puestos en libertad o cuándo podría ocurrir.

Un informe publicado este año por la ONU acusó a las fuerzas de seguridad birmanas de haber cometido ejecuciones masivas y violaciones grupales contra rohingya durante su campaña contra los insurgentes, lo que podría suponer crímenes contra la Humanidad. El Ejército ha negado estas acusaciones, argumentando que ha llevado a cabo una operación contra la insurgencia legítima.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó en marzo el envío de una misión internacional para investigar las denuncias, decisión que ha rechazado Birmania.